SANTIAGO.- El ex jefe de la sección de infraestructura del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros entre los años 2010 y 2012,
Ramiro Martínez Chiang, fue citado para este viernes por el fiscal regional de Magallanes,
Eugenio Campos, para declarar en calidad de imputado en la causa por el millonario fraude que afecta a la institución.
La diligencia se concretaría en dependencias del
OS-7 de Carabineros, donde esta semana se ha realizado la mayor parte de las pesquisas en Santiago, que dirige el fiscal Campos desde octubre pasado.
El interrogatorio es parte de la ronda de declaraciones que cursó el Ministerio Público luego que se conociera públicamente la indagatoria iniciada por oficio por la fiscalía y que apunta al desvío de fondos de la institución que alcanzarían los $8 mil millones.
Martínez Chiang, sin embargo, no es primera vez que debe comparecer como imputado por su supuesta vinculación a fraudes que han afectado a Carabineros.
En 2013 fue llamado a retiro temporal por su supuesta relación al eventual pago de sobreprecios, por más de $1.600 millones, respecto a la adquisición de manera directa de 295 generadores eléctricos por parte del TIC a la importadora Mellafe y Salas S.A.
Estos antecedentes, incluso, le valieron una querella en su contra presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras reconocer haberse reunido con representantes de dicha empresa para "elevar los requerimientos del portal Chile Compras para la adquisición de los generadores eléctricos".
El caso aún está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte, en principio por el fiscal José Morales y actualmente por el fiscal Marcelo Carrasco y hasta ahora, no ha sido formalizado.
Finalmente, el ex uniformado -quien en 2008 realizó labores en la zona afectada por el volcán Chaitén y recibió ese mismo año una medalla por 20 años de servicio- fue desvinculado de la institución y actualmente mantiene una empresa de seguridad privada con recurso humano y seguridad electrónica, además de Proyectos de Ingeniería eléctrica y obras civiles.
Mientras, el Ministerio Público continúa indagando cuántos serían los funcionarios vinculados a las actuaciones destinadas a defraudar al fisco y al organismo, que bordearían los 40.
