SANTIAGO.- La profesora Gloria González Sáez, quien hasta ayer trabajaba como jefa de la División de Planificación del Gobierno Regional de Los Lagos tiene a su haber varias sociedades comerciales, dos casas y una Oficina de Capacitación (Otec) en la que participaba con su ex pareja, también empleado del Estado.
Según informa hoy
El Mercurio, la eventual incompatibilidad entre su rol de funcionaria y estos emprendimientos llamó la atención de la Contraloría General de la República y llevó al organismo a denunciar a la mujer a la fiscalía.
Lo anterior, en un plan mayor de fiscalizaciones que detectó 120 situaciones irregulares y que llevó al contralor general, Jorge Bermúdez, a llevar un total de cinco casos al Ministerio Público.
Todas las denuncias son por el eventual delito de negociación incompatible.
Gloria González se desempeñó antes como directora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y se sospecha que habría aprovechado su conocimiento del sistema para prestar servicios con su Otec, capturando beneficios de este organismo.
La mujer, funcionaria de planta en el Gobierno Regional de Los Lagos, asumió el cargo a la llegada del actual intendente, Leonardo de la Prida. La misma autoridad que ayer, conocidas las eventuales irregularidades, le pidió la renuncia. "Si está sindicada, al parecer es mucho mejor que ella haga toda su defensa fuera de un cargo tan importante, en el cual se pueda ver complicada de alguna manera la inversión pública o desarrollo de proyectos en la Intendencia Regional", sentenció De la Prida.
En Biobío
En la región del Biobío hubo dos casos denunciados por el organismo. El primero corresponde a Patricio Sáez, ingeniero biomédico que se desempeña como jefe del Departamento de Equipos Médicos del Hospital Regional del Biobío. El profesional es además socio de la empresa ING Médica Prestador de Servicios Médicos y de Ingeniería Limitada, donde también participa su pareja, María Ignacia Aguilera Bournas.
La empresa obtuvo en mayo del año pasado la autorización de Fonasa para prestar servicios a su red y también figura adjudicándose compras del Hospital Regional para adquirir equipamiento médico.
El director jurídico del Servicio de Salud de Concepción, Javier Medina, informó ayer que la posibilidad de que hubiera delito llevó al mismo centro de salud a iniciar un sumario, en noviembre pasado, y luego a denunciar los hechos a la fiscalía.
Por su parte, Sáez niega cualquier irregularidad: "Yo pedí las autorizaciones correspondientes y colaboraré con la investigación. Se trató de una simple venta de repuestos, que no supera los dos millones de pesos".
La segunda situación corresponde a Daniela Moraga, quien dirige el Departamento de Inversiones y Municipalidades del Gobierno Regional. En este cargo está en contacto con las mismas organizaciones y municipios que son asesorados por la empresa AGES, que es propiedad de su marido, Patricio Espinoza. La empresa asesoró recientemente a la Gobernación de Concepción. En este caso, el intendente de la Región, Rodrigo Díaz, decidió convertir una auditoría interna en un sumario interno que podría arrojar sanciones.
Los otros dos casos están radicados en la Región Metropolitana.
Allí, una de las investigadas sería Andrea Martínez, quien trabaja en el Ministerio de Obras Públicas. La funcionaria está casada con Dante Bossi, socio de Comercial Bossi y Bossi Ltda., que figura como una empresa de "venta al por mayor de maquinaria, herramientas, equipo y materiales", además de "actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión". El Mercurio intentó contactarla en la vivienda que ambos registran, sin resultados.
El quinto caso enviado a fiscalía corresponde a Juan Alvear, jefe de Finanzas de la Subdere. La Contraloría informó que en paralelo cruza información para determinar si es que hay otros 109 casos en la misma condición.
