SANTIAGO.- El precandidato presidencial, senador Manuel José Ossandón, sostuvo una reunión con el contralor general, Jorge Bermudez, con el fin de compartir un documento que promueve medidas en materia de probidad y transparencia denominado "Yo me atrevo: 10 medidas para terminar con la corrupción y los conflictos de interés".
Entre las medidas que contempla la propuesta del postulante a La Moneda por Chile Vamos, se considera que el Presidente de la República, los parlamentarios y las autoridades mencionadas en el artículo 57 números 1 y 2 que hayan sido condenados en causas simple de delitos, serán inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular.
Esto permitirá aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, mejorando la transparencia y probidad en los altos cargos públicos, argumenta Ossandón.
También considera un nuevo código penal que castigue, entre otras cosas, los delitos de "cuello y corbata". "En vista a la pérdida de confianza drástica en nuestras instituciones que sigue incrementándose, nuestro país merece un debate nacional en el que la que todos los actores de la sociedad puedan plasmar los valores que queremos que destaquen en nuestro país, así como definir los abusos e irregularidades que deben ser duramente sancionados, no sólo como elementos disuasivos, sino que además como línea directiva que define las conductas que son éticas de aquellas que no lo son", señaló el senador.
"Esta será una de las medidas más relevantes de nuestro gobierno y tendrá como objetivo propiciar el volver a apreciar la integridad, la probidad y la honestidad como principios que permitan una sociedad donde impere la confianza y la solidaridad, condiciones que permitirán una mejora cualitativa en la calidad de vida de las personas", agregó el candidato presidencial.
La propuesta también manifiesta que se determinará la autonomía presupuestaria y más atribuciones a Contraloría para poder fiscalizar de mejor forma irregularidades en las instituciones del Estado; se hará un programa similar al Programa Denuncia Seguro, especializado en casos de corrupción en el que se otorgará especial protección jurídica y eventuales compensaciones económicas por perjurio a todos aquellos denunciantes que contribuyan a sacar este tipo de ilícitos a la luz pública.
Además, considera que ministros, subsecretarios y todas las autoridades de una institución fiscalizadora no podrán emplearse, prestar servicios o tener vínculos con empresas relacionadas a su función previa por 2 años.
La propuesta presidencial también toma en cuenta el fin a la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales, alcaldes y consejeros regionales, además de la Cesación en el cargo parlamentario por delito que merezca una pena igual o superior a 61 días de privación de libertad y fin al fuero parlamentario.
