SANTIAGO.- Múltiples han sido las iniciativas que el Gobierno ha impulsado para reducir los altos niveles de evasión que registra el Transantiago, que durante el último semestre alcanzó un histórico 34,6%.
Aunque la nueva ministra, Paola Tapia, asumió la cartera con varias ideas para enfrentar este problema -y cuya efectividad se podrá evaluar en los próximos meses- un proyecto de ley presentado por el ex ministro Andrés Gómez-Lobo contempla aumentar las sanciones a quienes no pagan su pasaje y agruparlos a través de un Registro de Evasores.
Esta iniciativa legal, que actualmente se encuentra en segundo trámite de la Cámara, ha sido criticada por ciertos sectores, especialmente en lo relacionado con el Registro de Evasores -denominado incluso como "el dicom de los pobres"-, ya que entre sus funciones estará la de restringir el acceso a beneficios sociales a quienes lo integren o descontar la multa de la devolución de impuestos.
Es justamente esta parte del proyecto de ley la que incomoda al Consejo para la Transparencia, entidad que martes envió una minuta a la comisión de Transportes de la Cámara para alertar sobre los posibles inconvenientes que tendrá el registro de llevarse a cabo.
"El CPLT cree que es conveniente limitar el tratamiento de los datos personales de los usuarios, exclusivamente, a efectos estadísticos o de políticas públicas de transporte y se opone a que este registro sea público, pues los datos son personales y se trata de información que no debe ser pública en ningún caso", sostiene el texto.
"El registro puede existir y puede utilizarse, lo que planteamos nosotros es que no tiene por qué ser accesible al público tal cual como está en el proyecto (...) No corresponde a un estándar de protección de los datos personales y de la intimidad de las personas"
Marcelo Drago
El miembro del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, explicó a Emol que la minuta apunta a que "tenemos que tener una seguridad de la información mayor al que se está planteando".
La recomendación deviene de que el proyecto en discusión establece que cualquier persona podrá acceder al Registro de Evasores.
Ante esto, el Consejo advierte que "se podrían generar bases de datos con la información que, incluso, podría ser utilizada con fines discriminatorios" y quienes lo integren "podrían ser incluidos en 'listas negras', pudiendo afectar su ingreso al trabajo y al crédito, entre otros".
"Por lo tanto, se sugiere modificar el proyecto, impidiendo que cualquier persona pueda acceder a la información de individuos incluidos en el 'Registro de Pasajeros Infractores', pues se trata de datos personales, cuyo tratamiento por terceros no se justifica y pudiese generar la creación de registros privados de 'morosos'", continúa el documento.
Drago señaló que "el registro nosotros creemos que tiene que ser reservado, no como está planteado que sea un registro público de infractores, porque creemos que no se condice con la protección de los datos personales esa publicidad".
Asimismo, el CPLT alerta sobre un arancel que los evasores del registro deberán pagar para salir del listado, además de la correspondiente multa por no pago del pasaje.
Frente a esta situación, la entidad precisa que en su minuta que "los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) debiesen ser gratuitos y se sugiere eliminar el cobro de arancel para ejercer el derecho de cancelación, una vez que la respectiva multa haya sido pagada".
Por ende, "una vez pagada la multa, el dato consignado en el Registro se torna caduco y debiese ser eliminado" en un plazo máximo de seis meses.
Finalmente, el consejero puntualizó que "el registro puede existir y puede utilizarse, lo que planteamos nosotros es que no tiene por qué ser accesible al público tal cual como está en el proyecto (...) No corresponde a un estándar de protección de los datos personales y de la intimidad de las personas".
