SANTIAGO.- A las 9 de la mañana del 12 de abril de 2016, el entonces director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos (hoy director de Senda), llegó hasta el gabinete de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, con varios documentos en una carpeta.
Horas antes, cerca de las 20:00 horas del 11 de abril, la menor de 11 años Lissette Villa había fallecido en el hogar Galvarino de Estación Central, en confusas circunstancias. La noticia era reciente y la preocupación que había en el gobierno comenzaba a crecer.
Aún no se sabía con claridad que la niña había sido víctima de contenciones física, y el consumo de medicamentos por parte de Lissette era la principal preocupación. Justamente ese punto fue lo que se conversó en la reunión, donde Bustos hizo referencia al tema "medicamentoso".
La fiscalía se encontraba tras esta reunión desde hace casi un mes, luego de que la ex ministra Blanco declarara en la causa, diligencia que se encontraba con reserva hasta el lunes pasado.
Llegar a precisar la existencia, hora y contenido de la reunión no fue fácil y por eso el sigilo del equipo liderado por el fiscal Marcos Emilfork al decretar la reserva del testimonio de Blanco, Bustos y una serie de funcionarios del SML.
En ese contexto, Bustos fue citado a declarar ante la fiscalía como imputado de violación de secreto, diligencia que se iba a concretar hoy, pero el director del Senda se excusó de asistir por encontrarse enfermo.
Uno de los temas a despejar es la hora en que se realizó la autopsia de Lissette y por qué Bustos llevó parte de la ficha clínica de la menor a la reunión con la ministra, lo que –para los fiscales- podría constituir el delito de "revelación de secreto". Este se refiere a cuando un funcionario está obligado a guardar cautela de una investigación confidencial (como los antecedentes de la autopsia de Lissette) y no puede revelar a nadie los antecedentes de la indagación, ni siquiera a su superior como lo era Blanco en ese entonces.
Dudas por la reunión
De aquí la gravedad del hecho que Bustos haya tenido en su poder la ficha clínica de Lissette en la reunión con la ministra, y que podría dejarlo como imputado en la causa, abriendo un nuevo flanco al oficialismo en un tema que ya cobró un alto precio cuando se rechazó el informe de la comisión Sename II de los diputados.
Esa vez, fue justamente la responsabilidad política de Blanco en las muertes de los niños de la red Sename lo que generó la crisis. Hoy, la ministra vuelve a estar en el centro de la polémica por la reunión con Bustos, pese a que fue él quien habría cometido la falta al tomar parte de la carpeta de autopsia y llevarla al encuentro.
¿Por qué lo hizo? ¿Alguien se lo pidió? ¿En qué circunstancias se hizo la autopsia que está firmada ese mismo día?
Son las dudas que deberá resolver esta una nueva arista en la causa, cuyas diligencias están recién comenzando, y por la cual la carpeta completa de la autopsia fue incautada el viernes desde el SML por el equipo de fiscales.
Otro de los interrogados por los fiscales fue el tanatólogo que realizó la autopsia de Lissette el día de la reunión (12 de abril), René López Pérez, quien también elaboró un complemento de la misma (22 de junio 2016) estableciendo que Lissette murió producto de una arritmia asociada al uso de fármacos, y que la menor tenía heridas en su rostro que debían investigarse.
La tesis del SML es distinta a lo planteado por la PDI en su informe de julio de 2016, que sostiene que la niña murió como consecuencia de los apremios sufridos de parte de sus dos cuidadoras, y en el cual la fiscalía decidió basar las formalizaciones de enero pasado.
