Héctor Yañez, El Mercurio
SANTIAGO.- Luego de que esta semana la Fiscalía Centro Norte cerrara uno de los capítulos de la investigación del fraude en el Ejército, donde se indagaba el desvío de fondos a través de la Ley Reservada del Cobre por cerca de $5.700 millones -donde se condenó a cuatro ex funcionarios-, una nueva causa comenzó su trámite a partir de un informe realizado por Contraloría.
Tras recibir un documento, según publica La Tercera, el Ministerio Público decidió reabrir una causa para pesquisar la existencia de eventuales ilícitos, la que recayó en la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. Una de las observaciones apuntó a un análisis crítico de los niveles de control interno de la institución y se advirtió sobre "facturas pagadas sin la documentación de respaldo" por cerca de US$12 millones.
Según el informe, "se observó que la Tesorería del Ejército pagó facturas a los proveedores Peña Spoerer y Cía. S.A., FAMAE, Vectronix AG, Thales Electronic Systems GMBH, y Servicios de Abastecimiento y Mantención -empresa ubicada en la Zona Franca y utilizada por la Sociedad Exportadora e Importadora CYM S.A.-, por un total de US$ 12.762.427".
Agregó que dichas facturas carecen "de la documentación requerida en el contrato vigente en los términos de referencia, así como en las bases administrativas que regulan el proceso de adquisición efectuado".
En consecuencia, la Contraloría advirtió en sus conclusiones que "finalmente, y sin perjuicio de que el Ejército en esta ocasión adjunte la documentación que fue requerida para autorizar los pagos de los compromisos adquiridos, y que no estuvo adjunta en el expediente de rendición de cuentas, lo objetado da cuenta de la falta de control y rigurosidad al momento de que esa entidad solicita autorizar el pago a los proveedores, sin que se acompañen los antecedentes solicitados en las cláusulas contractuales".
Añadió que la institución "deberá en lo sucesivo acompañar a sus rendiciones la totalidad de los antecedentes que den cuenta de las compras y recepción de las adquisiciones que acrediten los desembolsos".
En respuesta, el Ejército explicó que "las observaciones establecidas por la Contraloría son hechos acontecidos el año 2014 y estas observaciones obedecen a falencias de los procesos administrativos, los cuales a la fecha se encuentran subsanados y acreditados ante el ente contralor".
Por lo que, finalmente, la institución castrense afirmó que "actualmente" se encuentran en proceso dos investigaciones sumarias administrativas por parte del ejército, con el fin de "determinar responsabilidades en cuanto a fallas en los procesos de control de adquisiciones y pago bienes y servicios".
