SANTIAGO.- El anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de poner discusión inmediata al proyecto que levanta el secreto de los antecedentes aportados a la Comisión Valech I, abrió nuevamente el debate.
Esta medida, previa autorización de las víctimas, busca que exclusivamente los tribunales accedan a la información contenida en la instancia con el fin de esclarecer casos pendientes de derechos humanos.
Las víctimas de la dictadura entregaron su testimonio bajo el precepto de mantener por 50 años el secreto de estos en el informe de la Comisión, que se creó para determinar las identidades de quienes fueron víctimas de torturas y privación de su libertad por motivos políticos. El plazo expira en 2053.
Respecto a la iniciativa, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, dijo a T13 Radio que "no es que salgan a la luz pública para que sean conocidos por cualquier persona, quedan en la misma condición que Rettig y Valech 2".
En conversación con Emol, el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, habló sobre las implicancias de hacer públicos estos documentos.
"Esa es parte de la verdad de lo que ocurrió en Chile y la verdad le pertenece al país en su conjunto. Es un aspecto de la sanación que necesita la sociedad", consideró el abogado, quien calificó el hecho como "un ejercicio de la memoria histórica".
"Todo esto no con un afán de venganza, sino con un fin de poner un ladrillo dentro de esta construcción del 'nunca más', que nunca más vuelva a ocurrir esto, que en lo social necesita sanarse a través de la verdad, la acción, la justicia y la reparación", agregó Caucoto, quien consideró que, de aprobarse la moción, "traería algún consuelo para las víctimas".
Una opinión diferente mantiene el abogado de la Multigremial de las FF.AA., Raúl Meza, quien además defiende a los militares (r) presos en el penal Punta Peuco.
"Es un gesto que no aporta a la reconciliación, sino que reabre una herida y, consecuentemente con ello, va a generar un enfrentamiento entre los chilenos y una situación judicial que se hace interminable", aseguró.
Además, indicó que la medida "va a tener una dificultad importante desde el punto de vista probatorio, porque después de 44 años es complejo probar por parte de las víctimas actos de torturas o de apremios ilegítimos".
Posibles filtraciones
La discusión también se generó en torno al compromiso adquirido de mantener en secreto los testimonios.
En ese sentido, Caucoto señaló que "para aquellos que prefieran evitar que esto se publique debieran hacerlo presente, para que se exceptúen aquellos casos".
Frente a esto, Meza dudó de la reserva que se constata, pues "me temo que esta información eventualmente puede ser filtrada, lo que va a generar una condena pública anticipada a los eventuales autores de estos delitos respecto de los cuales rige el principio de presunción de inocencia".
Actualmente el proyecto de ley anunciado por Bachelet se encuentra en la Comisión de DD.HH. del Senado en su segundo trámite legislativo, y los antecedentes del organismo los conserva el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
