SANTIAGO.- Hace 104 días que los comuneros mapuche Alfredo Tracal, junto a Pablo, Benito y Ariel Trangol están en huelga de hambre, mientras cumplen con la medida de prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.
Lo que se investiga es su participación en la quema de un templo evangélico ocurrida en Padre Las Casas el año pasado, y la protesta exige que no se les procese bajo la ley antiterrorista.
La semana pasada, el Colegio Médico advirtió, a través de un informe de su departamento de Derechos Humanos, que los comuneros se encuentran en severo deterioro y que su salud corre peligro, animando al Gobierno a buscar una solución al conflicto antes de que pueda tener consecuencias fatales.
Hoy fue el turno de Amnistía Internacional, quien realizó su evaluación de la situación y afirmó que el hecho de que el juicio se esté llevando en base a dicha ley "preocupa a la organización, puesto que sus parámetros ya han sido cuestionados por numerosos mecanismos internacionales al no cumplir con los estándares de un debido proceso".
La entidad hizo un llamado a "revisar la prisión preventiva" en su "legalidad y necesidad", lo que ya ha sido solicitado en 15 ocasiones por la defensa de los acusados, siendo otorgada y posteriormente revocada en dos oportunidades debido a la gravedad del delito y la posible pena aplicable.
"Es especialmente importante destacar que la sola gravedad del delito que se imputa no puede ser razón suficiente para mantener a la persona acusada en prisión preventiva por periodos prolongados de tiempo. Tratar la prisión preventiva como si fuera una sanción anticipada implica en sí mismo vulnerar la presunción de inocencia", esgrime la organización.
Además, recordaron el caso de Norín Catrimán, llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que condenó al Estado chileno por el uso de la prisión preventiva bajo los parámetros de la ley antiterrorista.
"La resolución de prisión no estaba suficientemente fundamentada al no valorar las circunstancias del caso, ni hacer referencia a ningún fin procesal que justificara la misma", agregaron.
La organización también recalcó la importancia de no interferir en la huelga de hambre ni alimentar a la persona contra su voluntad o de manera forzosa, además del "derecho a recibir una atención médica adecuada".
Finalmente, Amnistía Internacional hizo un "llamado urgente" a revisar la medida de prisión preventiva de los cuatro imputados "teniendo en consideración todos los factores que la pueden justificar, su idoneidad, proporcionalidad y excepcionalidad como medida cautelar, el prolongado tiempo de prisión al que se han visto sometidos los imputados, y el pleno respeto a la presunción de inocencia que los ampara", finalizan.
