Juan Eduardo López, El Mercurio
SANTIAGO.- De las 31.686 víctimas por violencia intrafamiliar en el país -entre 2012 y 2016-,
13.020 fueron adultos mayores, lo que representa el 41% del total de afectados, según antecedentes entregados por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a la Cámara de Diputados el 13 de junio pasado.
De los 13 mil adultos mayores agredidos, según consignó La Tercera, a 1.632 los Tribunales de Familia les ordenaron una medida de protección a su favor. Entre los tipo de medidas, las más recurrentes fueron la prohibición de acercamiento a la víctima (906 casos), rondas de vigilancia por parte de Carabineros (731 casos),y la orden del agresor de abandonar el domicilio (569 casos).
Según el director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rubén Valenzuela, una de las razones de este alto porcentaje tiene que ver con que hoy los adultos mayores denuncian más que antes, ya que "se han empoderado".
Consultado si la medida de protección respecto a la prohibición de acercarse a la víctima es realmente efectiva, Valenzuela indico que sí lo es, siempre que sea respetada. "Muchas veces se plantea como la única alternativa para cesar la violencia. Sin embargo, si el agresor es la única red que tiene la persona mayor y decreta la prohibición, hay que considerar que el mayor podría quedar en la indefensión".
En ese sentido, el miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor del Parlamento, el diputado Nicolás Monckerberg (RN), manifestó que estos números son "preocupantes" y que "no se conocen. Hay una gran cifra negra oculta. Con nuestros adultos mayores tenemos otro Sename en crisis, con la diferencia que este drama está aún más invisibilizado y cada día el porcentaje de abandonados o maltratados crece".
La también integrante de la Comisión de Adulto Mayor, la diputada Marcela Sabat (RN), explicó que "los agresores por lo general no son los cónyuges, sino personas que los tienen a su cuidado, especialmente familiares. Ahí no solo se abusa de ellos físicamente sino también patrimonialmente, forzándolos a entregar sus pensiones o engañándolos para que transfieran sus propiedades".
Finalemente la parlamentaria criticó la afectividad de la medida de prohibición de acercamiento, calificándola de poco "efectiva, por la incapacidad técnica y operativa de las policías de minitorearla".
