SANTIAGO.- La vocera de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a la decisión del tribunal de Temuco, que rechazó cambiar las medidas cautelares que pesan contra los comuneros mapuches en huelga de hambre Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo.
Ellos están en prisión preventiva hace 14 meses, tras ser imputados por delitos terroristas por el incendio de un templo evangélico ocurrido el año pasado y hace 116 días iniciaron la drástica medida.
"Lamentamos la decisión que se ha tomado. Al hacer esta petición, lo que estábamos poniendo por sobre todo nuestra preocupación por preservar la salud de los huelguistas. Fue eso lo que nos motivo como Gobierno hacer esa solicitud", comentó la autoridad de Gobierno.
El Gobierno había solicitado el cambio en la prisión preventiva de los implicados, a través del abogado de la intendencia de La Araucanía, Luis Valdebenito, quien se sumó a las defensas y solicitó que se conmute la medida cautelar por el arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Pero el tribunal acogió los argumentos del fiscal regional de la zona Cristián Paredes, quien ayer ya había anunciado que se opondría al requerimiento del Ejecutivo.
Paredes explicó que no existen antecedentes nuevos que permitan dar cuenta de que su libertad no es un peligro para la seguridad de la sociedad.
A esto se suma el hecho de que anteayer el tribunal de Garantía de la capital regional aceptó la solicitud de los abogados defensores de permitir la identificación de los testigos protegidos de la fiscalía.
Lo anterior, a juicio del ente persecutor, reafirma el hecho de que los comuneros deben continuar en prisión preventiva, pues ahora son un peligro para la seguridad de estos testigos.
