SANTIAGO.- Sorpresa y molestia ha causado la decisión del Ejecutivo de congelar el monto del aporte por gratuidad que reciben los colegios particulares subvencionados y los municipales que no cobran copago.
Según establece la Ley de Inclusión, en 2018 ese monto debería incrementarse de $8.393 a $10.791 por alumno. Sin embargo, en el proyecto de Ley de Presupuesto que envió el Gobierno a fines de septiembre la cifra se mantiene.
De acuerdo a estimaciones de Libertad y Desarrollo, por esa razón los colegios recibirían cerca de $80 mil millones menos, lo que afectaría a unos 2,7 millones de escolares.
Desde el Mineduc, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, ha señalado que la entrega del recurso se ha postergado "en razón de motivos fiscales".
El director ejecutivo del centro de estudios Acción Educar, Raúl Figueroa, acusó que el Gobierno está priorizando financiar la gratuidad en la educación superior a costa de la gratuidad en el sistema escolar, pese a que esta última ya estaba comprometida en una ley que ya fue aprobada, a diferencia de la primera, que sólo se entrega año a año a través de una glosa del Presupuesto.
"Se ha dicho que este ajuste se hace por cuestiones fiscales, que no hay recursos y que hay que distribuir adecuadamente. El punto es que estos recursos estaban comprometidos por el Fisco en una ley permanente (la Ley de Inclusión) y, por lo tanto, la pregunta es por qué se deja de cumplir con ese compromiso y la respuesta es que se han priorizado otros gastos. Por ejemplo, la gratuidad en la educación superior, que ni siquiera se ha aprobado en una ley permanente, y que la llevamos repitiendo año a año a través del Presupuesto", afirmó Figueroa en entrevista con CNN.
Agregó que "se está priorizando la gratuidad en la educación superior en desmedro de la gratuidad que estaba comprometida en la educación escolar, afectando el desarrollo de diversos proyectos educativos que contaban con estos recursos".
Espera que la partida sea rechazada en la Ley de Presupuesto
Figueroa también afirmó que con esa medida se está "rompiendo la confianza" entre el Estado y los colegios particulares subvencionados, que decidieron eliminar el cobro del copago a las familias.
"Cuando renunciaron al financiamiento compartido (los colegios) lo hicieron con la claridad de que estos recursos iban a ser compensados. Y, por lo tanto, lo que se rompe aquí es la confianza entre el Estado y los establecimientos educacionales, que necesitan un mínimo de seguridad para poder llevar adelante sus proyectos", señaló.
En esa línea, señaló que "aquí hubo un acto de fe de los colegios que renunciaron al financiamiento compartido esperando que esos recursos que recibían de los padres los iban a recibir de parte del Estado. Vemos ahora que eso no está ocurriendo, por lo tanto, las confianzas, que son fundamentales para el mejor desarrollo del sistema educacional, se van rompiendo, se van minando y cuesta mucho recomponerlas".
Por todo lo anterior, el experto espera que "esto no prospere en la discusión de la Ley de Presupuesto". "Lo razonable sería que los parlamentarios rechacen esta partida del Presupuesto y, con el solo hecho de rechazarla, el Estado tiene que garantizar que los recursos de una ley permanente estén disponibles", afirmó.
