Héctor Yañez, El Mercurio
SANTIAGO.- La revelación de los llamados "Paradise Papers" no sólo salpicó a Gobiernos de varias partes del mundo y a celebridades internacionales, sino que también llegó hasta un ámbito tan doméstico como el transporte público nacional.
Así lo reveló ayer el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER Chile), que denunció que la mayor empresa operadora del Transantiago, Alsacia, se encuentra en el listado de compañías con sociedades en paraísos fiscales y que, por ende, podría estar incurriendo en irregularidades tributarias.
Frente a esta información, el Ministerio de Transportes emitió un comunicado refiriéndose al tema y aseguró que el Gobierno es "el principal interesado en que esta situación se esclarezca a la brevedad".
Por eso, informaron que "la ministra Paola Tapia, en compañía del director de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, se reunió con el director (s) del Servicio de Impuestos Internos, Víctor Villalón, quien confirmó que, a través de una red internacional de administraciones tributarias ligadas a la OCDE, dicho servicio está, desde hace ya varias semanas, monitoreando la situación relacionada con éste y otros casos similares".
Para establecer una adecuada coordinación con el SII, el Ministerio le entregó a ese organismo una carpeta con todos los antecedentes de las acciones realizadas a la fecha por el Ministerio en relación a las empresas que se han visto involucradas en los "Paradise Papers".
Desde la cartera afirmaron han utilizado todas las herramientas de supervisión que contemplan los contratos de concesión suscritos en 2012 y que desde marzo de este año "el Ministerio se encuentra realizando una auditoría a la empresa Alsacia, a través de la Consultora Price Waterhouse y ha formulado los procesos sancionatorios correspondientes cada vez que la empresa no ha entregado la información en tiempo y forma".
Transportes aclaró que "si bien los contratos que rigen las concesiones del Sistema de Transporte Público Metropolitano no establecen ninguna restricción particular respecto a la contratación ni el deber de informar sobre empresas relacionadas, todas las operaciones deben efectuarse dentro del marco legal vigente".
Además, aprovechó de destacar que las nuevas bases de licitación para el Transantiago establecen que la DTPM deberá autorizar la subcontratación de empresas cuyos pagos excedan los $50 millones anuales por el mismo servicio.
Con eso, se podrá acceder a la información financiera de las firmas subcontratadas. "Asimismo, los nuevos contratos contemplan la atribución de pedir la cancelación de dichos convenios, en caso de que el Ministerio no los autorice", agregó el comunicado.
