El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.
Héctor Aravena, El Mercurio
SANTIAGO.- Luego de que la Contraloría de la República decidiera no tomar en razón el decreto número 866 de 2017, también conocido como "decreto espía", el Consejo para la Transparencia compartió el criterio y sentenció que esta medida requiere de un debate legislativo abierto a la ciudadanía.
La iniciativa buscaba ampliar el plazo legal de almacenamiento de las comunicaciones privadas y permitir que otros organismos, distintos del Ministerio Público, tuvieran acceso a una serie de datos personales de los ciudadanos.
En la ocasión, Contraloría expresó que el decreto "regula materias propias de la ley (...) excediendo las normas del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento".
Asimismo, manifestó que la norma hace referencia a conceptos "que no se ajustan a los referidos preceptos legales".
Frente a este dictamen, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, coincidió en el criterio de la Contraloría y sostuvo que "cualquier cambio o modificación legal en torno a las comunicaciones privadas debiese ser materia de ley y ajustarse estrictamente a una finalidad necesaria, existiendo para ello un debate legislativo abierto y de frente a la ciudadanía".
Drago recordó que en septiembre pasado, el Consejo para la Transparencia advirtió públicamente que una norma de este tipo contraviene experiencias internacionales como la europea, que eleva la protección de los datos personales como un derecho fundamental de los ciudadanos.
De la misma forma, alertaron que el decreto aumentaba las facultades de las compañías de telecomunicaciones para recopilar direcciones IP, la ubicación geográfica de las conversaciones telefónicas y otros datos, además de permitir el almacenamiento de información privada, como las tarjetas de crédito de los usuarios.
