SANTIAGO.- Para el próximo 26 de enero quedó fijada la formalización de cargos en contra de la empresa SQM, por parte del fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, en el marco de la investigación por pagos a políticos.
Así lo anunció este martes el propio persecutor tras participar de una actividad en la Fiscalía Nacional en el centro de Santiago, donde también anunció que en esa misma instancia judicial intentará llegar a una suspensión condicional del procedimiento con los ejecutivos de la minera no metálica.
"Lo que queremos proponer es una salida que se condice con el contexto de la investigación completa que involucra a la empresa"
Pablo Gómez, Fiscal Jefe de Valparaíso
"Cuando nosotros pedimos la audiencia para formalizar la investigación respecto de la empresa SQM, es respecto del delito que se va a imputar de responsabilidad penal de la persona jurídica y anunciamos al tribunal que íbamos a explorar una suspensión condicional del procedimiento que se va a discutir en la audiencia del 26 de enero", explicó.
La investigación es una arista surgida en 2016, que involucra al ex senador de la UDI y ex ministro de Economía, Pablo Longueira.
De acuerdo a los antecedentes, la ex autoridad firmó en 2011 dos contratos de invariabilidad tributaria con representantes de SQM y SQM Salar, cuando ya ejercía el segundo cargo político, generando de paso millonarias pérdidas al fisco.
En ese sentido, Gómez añadió que "lo que queremos proponer es una salida que se condice con el contexto de la investigación completa que involucra a la empresa".
"Cuando se investiga un delito de esta naturaleza, se requiere un delito base, que en este caso es el de cohecho, y por otra parte que la entidad carezca de un modelo de prevención del delito y en este caso la empresa sí tenía un modelo de prevención del delito", añadió.
En ese sentido, expresó que por lo anterior "estamos proponiendo una salida alternativa que pueda beneficiar al Estado de Chile y a algunas fundaciones que es lo que queremos pedir, de manera de resarcir al fisco de los eventuales perjuicios económicos que habría sufrido a raíz de la celebración de los contratos de invariabilidad tributaria".
