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Mariana Aylwin renuncia a la DC junto a todos los miembros de "Progresismo con Progreso"

La salida fue oficializada mediante una carta, después de que la ex ministra entregara al Tribunal Supremo del partido su defensa ante el requerimiento que pedía su expulsión.

05 de Enero de 2018 | 15:38 | Por Consuelo Ferrer Durán, Emol
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La Segunda (archivo)
SANTIAGO.- Tras una escalada de tensión con parlamentarios e incluso la mesa directiva de la Democracia Cristiana y enfrentando un requerimiento que pedía al Tribunal Supremo su salida de la tienda, Mariana Aylwin renunció finalmente al partido a través de una carta (revisa el documento).

Según pudo confirmar Emol, la salida se dio junto a la totalidad del grupo de militantes pertenecientes a "Progresismo con Progreso", principales impulsores de la candidatura de Carolina Goic y críticos de la de Alejandro Guillier.

Dentro del grupo de renunciados se encuentra el ex subsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez; el ex superintendente de Salud, Luis Inostroza; la ex directora del Sename, Delia del Gatto; el ex ministro de Economía, Hugo Lavados; y el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke.

La carta de renuncia ya está en manos del secretario nacional de la DC, Gonzalo Duarte.

Los antecedentes


Varias figuras ya habían renunciado a la tienda, como los ex ministros Eduardo Aninat y Pedro García. Otras, al igual que Aylwin, enfrentaban una petición de un grupo de parlamentarios para su salida.

El requerimiento surgió después de que redactara un documento donde ella y otras ex autoridades DC manifestaban expresamente que no votarían en segunda vuelta por el candidato de La Fuerza de la Mayoría.

Después, Aylwin afirmó en una entrevista sentirse "más identificada con las posturas de Chile Vamos que con las de la Nueva Mayoría". La propia mesa directiva de la DC entregó al Tribunal Supremo los antecedentes de esas declaraciones a la prensa.

A mediados de esta semana, la ex titular de Educación había enviado su defensa a la entidad, argumentando que el Tribunal Supremo no tenía "competencia para dirimir una acusación que pretende acallar opiniones políticas".
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