SANTIAGO.- Esta mañana el presidente electo, Sebastián Piñera, anunció que será Gerardo Varela quien asumirá desde marzo como ministro de educación de su gobierno.
Varela es abogado de la Universidad de Chile, consejero del Círculo Legal de Icare, officer del Power Committee de la International Bar Association y actualmente forma parte del directorio de la Fundación Para el Progreso, junto a empresarios como Nicolás Ibáñez y Francisco Pérez Mackenna.
En tanto, el profesional ha dedicado su vida profesional al derecho corporativo con especialidad en fusiones y adquisiciones. Asimismo, es socio jurídico del estudio Cariola, Díez, Pérez-Cotapos y en 2012 recibió el reconocimiento como mejor abogado en el área corporativa y fusiones y adquisiciones por parte de la publicación internacional Best Lawyers.
Asimismo, el empresario es hoy el presidente del directorio de Soprole y también columnista del diario "El Mercurio".
En cuanto a su vida académica, Varela ha sido profesor de derecho corporativo en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Los desafíos del ministerio
Uno de los principales panoramas que deberá enfrentar el nuevo ministro es la desmunicipalización de los colegios, aspecto principal de la Ley de Nueva Educación Pública promulgada por la Presidenta Bachelet en noviembre pasado.
Si bien este proceso de entrega se prolongaría hasta el 2030, fecha en que estarán en funcionamiento la totalidad de los Servicios Locales de Educación, el nuevo jefe de la cartera tendrá que ver la situación de algunas comunas que piensan adelantar este traspaso de sus establecimientos al Estado.
Es el caso de Providencia, donde la acaldesa Evelyn Matthei dijo que la Municipalidad no podrá mantener los establecimientos producto de los $842 millones que adeuda la Corporación de Desarrollo Social, la que atribuyó a la administración anterior.
Proyecto de ley de educación superior
El anuncio del nuevo ministro de educación se da a conocer el mismo día en que el Congreso discute la Ley de Educación Superior en su segundo trámite constitucional, luego de haber sido despachado este lunes por la Comisión de Hacienda del Senado.
Esta reforma crearía una Subsecretaría de Educación Superior y una Superintendecia de Educación, que fiscalizaría a las instituciones y el fin del lucro, establece la acreditación obligatoria de los establecimientos y asegura la Gratuidad y su aumento de cobertura.
En cuanto a la gratuidad, esta reforma aseguraría este beneficio que cubre el 100% de la matrícula y arancel, además de garantizar el aumento de cobertura.
Asimismo, el plan de fortalecimiento de las universidades estatales que establece un sistema de financiamiento basal para las instituciones tradicionales privadas y refuerza a las estatales.
En cuanto a la gratuidad en la educación superior, el presidente electo prometió durante la segunda vuelta presidencial aumentar la cobertura de este financiamiento estatal y llegar al 90% de la educación técnico profesional.
