SANTIAGO.- Pese a que la fiscalía de La Araucanía buscará el 9 de febrero cerrar la indagatoria de la "Operación Huracán", luego que se revelara un supuesto montaje en las pruebas proporcionadas por Carabineros, el Gobierno apunta en otra dirección y ordenó una serie de diligencias pues la investigación a su juicio "no se encuentra agotada".
De hecho, el martes el Ministerio del Interior anunció que se opondrá al cierre definitivo de la causa con la idea de que se "esclarezcan y sancionen hechos que han afectado a personas, que revisten carácter de delito y que han motivado la presentación de una querella".
La llamada "Operación Huracán" incluyó el arresto de ocho comuneros acusados de la quema de 58 camiones, iglesias y maquinaria agrícola ocurridos a mediados del año pasado en la macrozona. Las detenciones se ordenaron gracias a pruebas obtenidas por la policía que ahora la fiscalía regional considera falsas.
Pero, ¿por qué el Gobierno no quiere cerrar la investigación que originó un enfrentamiento sin precedentes entre el Ministerio Público y Carabineros?
Según el comunicado que emitió el Ejecutivo esto se debería a que "nos asiste la convicción de que lo contrario equivale a impunidad". Esta postura puede ser leída como un apoyo a Carabineros, más aún si se compara con la postura expresada por el general Gonzalo Blu el viernes pasado, quien pidió a la justicia que no se cierre la causa.
Sin embargo, desde el Palacio de La Moneda señalaron a Emol que la idea del Ejecutivo apunta a desmarcarse de la disputa institucional que hoy mantienen ambos organismos, y que la atención tanto mediática como investigativa se centre en la búsqueda de los culpables de los atentados incendiarios.
Lo anterior, porque según el análisis que realizó Interior, a raíz del vuelco en la "Operación Huracán", la ciudadanía puede creer que esos delitos no están siendo indagados.
En esa línea, consultado al respecto, el ministro Fernández señaló que el objetivo de las diligencias solicitadas para mantener abierta la causa de la "Operación Huracán" es "vincular inevitablemente ambas investigaciones".
"Si en una investigación se sostiene que hubo manipulación de las pruebas, y se abre una investigación para dilucidar si efectivamente esas pruebas son constitutivas de delito, es obvio que para que la otra causa principal se mantenga, es necesario dilucidar la otra", señaló.
"Es imprescindible llegar a fondo en resolver si hubo o no manipulación de las pruebas. Porque si no hubo manipulación de las pruebas, obviamente que deben valer en juicio para la otra causa", agregó.
Por su parte la Presidenta Michelle Bachelet abordó la disputa institucional asegurando que lo importante "es saber cuál es la verdad, si hay un error en el peritaje de la Fiscalía o si efectivamente hubo una manipulación de datos".
Las diligencias que pide el Gobierno
En la solicitud ingresada el lunes 29 de enero por el abogado Hernán Valdebenito, en representación de la Intendencia Regional de La Araucanía, se apunta a que "se ha podido constatar que la referida investigación no se encuentra agotada".
En el documento se expresa que tomó conocimiento de la nueva investigación de la Fiscalía de la región, para investigar la falsificación de informes policiales y que la situación "hace del todo inoportuno que se haya decretado el cierre de la presente investigación, ya que ambas causas se encuentran directamente ligadas (...) creemos que se vulnera seriamente el principio de objetividad de la investigación cuando se comunica la decisión de no perseverar, afectando así a otra investigación actualmente en curso".
La Intendencia pidió al Ministerio Público que "efectúe de forma urgente" diligencias investigativas como la solicitación de información a Microsoft Corporation, Yahoo y Google sobre las cuentas asociadas a los imputados en la investigación, "específicamente las cuentas de correo electrónico, mensajería electrónica y los servicios de nube de datos".
También piden solicitar al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (Lacrim) "o a cualquier otra entidad técnica suficientemente calificada, nacional o extranjera, que sea imparcial y ajena" que analice la información "relativa a los archivos de mensajería contenido en las evidencias a objeto de determinar las aplicaciones de mensajería de cualquier naturaleza que están /o estuvieron instaladas en los teléfonos celulares de los imputados".
