SANTIAGO.- El brutal asesinato de la pequeña Sophia en Puerto Montt no solo ha generado el repudio generalizado de la ciudadanía hacia el padre de la víctima, sino que también instauró un polémico debate en el país: la restauración de la pena de muerte.
Esto considerando las manifestaciones que se han llevado a lo largo de Chile bajo la consigna
"#Ley Sophia". Causa social que busca que crímenes de estas características sean pagados con la vida.
Producto de ello, cinco diputados de la UDI solicitaron, por medio de una carta al Presidente electo, Sebastián Piñera, realizar un plebiscito centrado en la conveniencia de reponer la pena capital para delitos graves. "Hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados (...) La pena de muerte y su reposición es un concepto que debe ser discutido por los chilenos", señalaron los parlamentarios.
Los dichos, por cierto, abren la duda sobre la efectividad que podría tener dicha medida. Tomando en cuenta que este tipo de ajusticiamiento fue derogado el año 2001 bajo la administración del ex Presidente Ricardo Lagos.
Por lo menos, para el
ex director nacional de Gendarmería de Chile, Claudio Martínez Cerda, la propuesta de una consulta ciudadana para que los culpables por delitos como el de Sophia paguen con la muerte, está hecha "desde el prejuicio y la ignorancia".
Así, continuó tajante, en la moción de los legisladores "hay un deplorable intento de sacar ventajas políticas de un hecho desgraciado, sino que también un inconfesable deseo de venganza, que igualmente al proponer plebiscetarlo adquiere las características de populismo".
Ante la apertura del debate, centros de estudios y ONG´s entendidas en el tema conversaron con Emol y analizaron la iniciativa. Lo cierto es que coinciden en que la vuelta de la pena capital no sería una herramienta conveniente, ni mucho menos efectiva, para combatir esta clase de delitos en el país.
La directora ejecutiva de movimiento Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, fue enfática en asegurar que este tipo de castigos "desde la perspectiva de derechos humanos, sería, sin duda, un retroceso (...) Enfrentar la violencia imponiendo más violencia no soluciona, en ningún caso, el problema".
"Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos. Para amnistía la pena de muerte es, en sí misma, una violación a los derechos humanos. Es, obviamente, una violación al derecho a la vida y quizás, el trato o pena cruel, inhumano y degradante más extremo posible", añadió.
En la misma línea, Jorge Ramírez, coordinador del Programa de Sociedad y Política del centro de estudio Libertad y Desarrollo, sostuvo que "es un retroceso en términos de una sociedad liberal (...) Es a todas luces preocupante".
"Es preocupante que algunos parlamentarios conduzcan el debate respecto de la violación a menores hacia una salida tan poco conducente como es plantear la posibilidad de reponer o restablecer la pena de muerte"
Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política de LyD
"Las sociedades modernas cuando avanzan en términos del establecimiento de ciertas garantías fundamentales, la vida está en el centro de todas esas garantías, el derecho a la vida", agregó.
En consecuencia, comentó Ramírez, "es preocupante que algunos parlamentarios conduzcan el debate respecto de la violación a menores hacia una salida tan poco conducente como es plantear la posibilidad de reponer o restablecer la pena de muerte".
Tratados internacionales
De hecho, indicó la directora del organismo, "la tendencia mundial es hacia la abolición de la pena de muerte, y hay compromisos internacionales que ha firmado el Estado de Chile en el sentido de tender hacia la abolición total de la pena de muerte en todo el mundo".
"Desde la perspectiva de derechos humanos, (la pena capital) sería, sin duda, un retroceso (...) Enfrentar la violencia imponiendo más violencia no soluciona, en ningún caso, el problema"
Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile
El jefe de la unidad jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, profundizó en dichos compromisos en los que el país está adscrito. "La Convención Americana de Derechos Humanos (tratado vigente en Chile) no permite eso, ya que la corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el año 1983 que los países que han suscrito la convención no pueden establecer la pena de muerte para nuevos delitos".
Por lo tanto, sentenció, "eso (la pena capital) no es posible, a menos que el Estado de Chile decida retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si tomara una decisión de ese tipo, claramente, se pondría por a fuera del derecho internacional de los derechos humanos".
Así, Bustos acusó "desconocimiento" jurídico por parte de los diputados UDI que propusieron el plebiscito. Asimismo, aclaró que como INDH "creemos que la pena de muerte es una violación de derechos humanos. Es un trato inhumano y degradante, es, generalmente, discriminatoria y no es, en ningún caso, disuasiva".
"Hoy día la mayoría de los países del mundo va en dirección de abolir completamente la pena de muerte. Eso es lo que debiera hacer el Estado chileno, abolirla de manera completa", ya que, explicó, "hoy día Chile establece la pena de muerte en la Constitución como una posibilidad en el código de justicia militar".
