La magistrada Luz Arancibia Mena.
Mario Quilodrán, El Mercurio
SANTIAGO.- Con el objetivo de "inhabilitar" a la jueza de Garantía de Temuco
Luz Mónica Arancibia Mena e impedir que conduzca hoy la audiencia de la "Operación Huracán", en que se deberá resolver el destino de esta causa, los defensores penales públicos de La Araucanía presentaron el miércoles una recusación en contra de la magistrada ante la Corte de Apelaciones de Temuco y notificaron de la acción judicial mediante un "téngase presente", al Juzgado de Garantía local.
A partir de las 08:30 horas, ese tribunal de primera instancia
deberá zanjar las tres solicitudes que existen en torno a esta causa. Mientras el Ministerio Público de La Araucanía decidió no perseverar en la investigación, las defensas de los indagados pedirán el sobreseimiento definitivo, señala
"El Mercurio".
El Gobierno, por su parte, planteará que la causa se mantenga abierta y se agoten todas las diligencias pendientes que en su momento encargó la fiscalía de la zona.
La jueza Arancibia tuvo a su cargo, el 24 de septiembre del año pasado, el control de detención y formalización de ocho de las 10 personas investigadas por los delitos de asociación ilícita terrorista y quema de 58 camiones. En esa audiencia dispuso la prisión preventiva para todos ellos, medida que fue revocada por la Corte Suprema, el 19 de octubre, al acoger un recurso de amparo de las defensas.
El defensor mapuche Juan Pablo Alday, vocero de la Defensoría Penal Pública (DPP) y uno de los cinco abogados de esa entidad que representan a los imputados en esta causa, indicó que "a juicio de la defensa, la jueza se encuentra inhabilitada para estar presente en la audiencia, ya que ella se ha pronunciado sobre el asunto que se va a someter a su conocimiento y el Código Orgánico dice que eso es una causal de recusación".
Testimonios de los peritos
Pero los testimonios de dos peritos de la policía uniformada revelan que los primeros indicios de las eventuales anomalías habían surgido cuando la investigación recién se iniciaba.
Los suboficiales Darwin Patricio Vásquez Sepúlveda y Manuel Antonio Riquelme Mardones -ambos, en calidad de imputados- declararon ante la fiscalía, a fines de enero pasado, que ellos y otros efectivos del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar) detectaron irregularidades en relación con los mensajes hallados en los celulares incautados a Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), y a otros siete comuneros apresados en las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, el 23 de septiembre.
Las ocho personas fueron imputadas de asociación ilícita terrorista y otros delitos, pero la Corte Suprema ordenó posteriormente liberarlos.
