SANTIAGO.- El
Tribunal de Garantía de Temuco informará a las 18:00 horas el fallo sobre el sobreseimiento de la "Operación Huracán", solicitado por la fiscalía en medio de la revelación de supuesta adulteración de pruebas de parte de Carabineros.
La decisión fue dada a conocer por el juez Federico Gutiérrez, a cargo de la audiencia que se extendió por siete horas y que será el encargado de comunicar el dictamen.
Para pedir la resolución que declara como terminado el proceso penal de los 10 imputados, la defensa detalló situaciones a su juicio irregulares irregulares en torno a la evidencia.
7 horas duró la audiencia
Una de ellas fue el hecho de que los teléfonos celulares de Héctor Llaitul, Claudio Leiva y Martín Curiche contuvieran conversaciones en un formato "que no corresponde a mensajería". Los intercambios estaban almacenados como archivos de texto (.txt), cuando las conversaciones de extremo a extremo se guardan en .db.
Además mencionaron la multiplicidad de archivos idénticos en diferentes carpetas y el detalle de que, en algunos casos, las rutas de almacenamiento no correspondieran a las utilizadas por el sistema operativo.
El defensor de Claudio Leiva cuestionó además la existencia de un preinforme de 47 fojas presentado en la audiencia de formalización, a 10 horas de la detención. También afirmó que la investigación había nacido "de forma bastante sui generis".
"Una farsa y una vergüenza"
El principal argumento de la defensa fue que las conversaciones supuestamente interceptadas eran la "única evidencia" que los involucraba en el caso.
"No existía a esa altura ni al día de hoy ningún otro tipo de antecedente biológico, químico, georeferencial o de cualquier otro tipo que pueda dar a nuestros imputados el carácter de asociación ilícita terrorista", afirmó uno de los abogados del equipo.
"Esto es una gran farsa, y no solo una gran farsa, sino una gran vergüenza para todos los que estamos aquí"
Abogada Manuela Arroyo
Manuela Arroyo, la abogada de Martín Curiche, fue más lapidaria. "Esto es una gran farsa, y no solo una gran farsa, sino una gran vergüenza para todos los que estamos aquí", afirmó, agregando que el software utilizado para obtener las conversaciones fue hecho por "un chanta".
"Negar el hecho de que se está imputando terrorismo a personas solo por el hecho de ser mapuches es tapar con un dedo el sol", agregó.
Por otra parte, una cuarta defensora afirmó que "debe ser el único caso en Chile, y me atrevo a decir que en el mundo, donde se pretende imputar un delito terrorista con conversaciones de Whatsapp y Telegram".
Tras escuchar a la defensa, el Ministerio Público señaló que aún "no es plausible" un sobreseimiento y el abogado querellante del Ejecutivo rechazó la petición.
El revés del Gobierno
En tanto, durante la mañana de este viernes el Gobierno sufrió un revés en el juzgado, luego de que rechazara reabrir la investigación de la indagatoria, que buscaba resolver una serie de atentados en el sur del país.
El Gobierno, a través de Intendencia de La Araucanía, había solicitado continuar con la investigación que intenta esclarecer las responsabilidades en los ataques incendiarios en la región y que tenía como imputados a diez comuneros mapuches.
"Todos los antecedentes que daban cuenta de la existencia de filtraciones y contradicciones fueron mantenidos en absoluto secreto hasta el cierre de la investigación, se nos privó la información y se nos impidió ejercer nuestro derecho a pedir diligencias", afirmó el abogado del Ejecutivo, Matías Moya.
Fiscalía, por su parte, defendió que existió falta de interés por parte de Intendencia. "Jamás se le impidió a nadie ejercer algún tipo de actividad en el tiempo de la investigación. El querellante simplemente no hizo nada, y se quedó con la carpeta de la formalización, cuando la investigación no terminó ahí", respondió el fiscal Felipe González.
Finalmente, las formalizaciones quedaron sin efecto luego de la decisión del juez Gutiérrez de acoger la petición del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento.
