SANTIAGO.- "Nosotros confiamos como Gobierno en que evidentemente la verdad judicial se establezca lo antes posible, pero también confiamos en que efectivamente el proceso administrativo que está llevando Carabineros concluya, y confiamos en que esas conclusiones sean efectivas y tremendamente veraces".
Así se refería a la polémica que se ha generado en torno a la "Operación Huracán" el vocero (s) de Gobierno, Omar Jara, un par de días antes de que se realizara la audiencia que terminó con el sobreseimiento definitivo de los imputados.
En la oportunidad, Jara reafirmó que el rol del Gobierno debía ser "actuar seriamente, responsablemente y, cuando se requiera, operar con medidas concretas".
Ayer, el Ejecutivo tomó dos, contra dos instituciones que defienden posturas opuestas: presentar una apelación por el sobreseimiento de los imputados, buscando revertir el fallo, y querellarse por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público contra Carabineros.
El ir y venir de Villalobos
No fue la primera vez en el desarrollo del caso en la que el Gobierno muestra posturas contrapuestas. A fines de enero, cuando la polémica ya había estallado, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, aterrizó en Miami para tomar unas extensas vacaciones.
Pero el Gobierno se opuso. "Se le ha indicado a la autoridad policial que suspenda su feriado legal y retome sus funciones a la brevedad", anunció el ejecutivo mediante un comunicado.
Los rumores de manipulación de pruebas volvían a azotar una institución ya cuestionada por el millonario desfalco que ocurrió bajo la dirección de Villalobos. Muchos creyeron que había perdido su última oportunidad.
Sin embargo, al volver a Chile algunos días después, fue ratificado en el cargo, generando una ola de críticas.
El ministro del Interior, Mario Fernández, que también tuvo que regresar de sus vacaciones, aseguró que "no hay motivo para pedirle la renuncia al general Villalobos", añadiendo que si las investigaciones en curso arrojaban algún grado de responsabilidad, sí se le pediría retirarse.
"Hay que esperar la verdad judicial y de acuerdo a ella hay que asumir las responsabilidades, eso está claro. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: el Código Procesal Penal señala que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme", añadió.
La pugna de la audiencia
Semanas más tarde, fue el Ejecutivo quien protagonizó un tenso enfrentamiento con fiscalía en la audiencia ante el Tribunal de Garantía de Temuco, donde además recibió un doble revés.
Aunque el abogado de Intendencia, Matías Moya, empezó defendiendo que el Gobierno no pudo solicitar diligencias en el caso pues el secreto de investigación decretado buscaba "impedirles ejercer su derecho a pedirlas", finalmente el tribunal respaldó la tesis del Ministerio Público.
"Jamás se le impidió a nadie ejercer algún tipo de actividad en el tiempo de la investigación. El querellante simplemente no hizo nada, y se quedó con la carpeta de formalización, cuando la investigación no terminó ahí. Ni siquiera se acercó a preguntar si íbamos a ampliar el plazo, y lo viene a pedir ahora", expresó el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Felipe González.
Al término de una audiencia de siete horas, el juez resolvió que la investigación no se reabriría y además decretó el sobreseimiento definitivo de los diez imputados.
Acto seguido, el Gobierno anunció tres medidas: un recurso de queja contra el tribunal por no reabrir la investigación, un recurso de apelación en contra del sobreseimiento, y una presentación frente al fiscal nacional Jorge Abbott "sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto".
El vocero (s), consultado sobre si esas situaciones se referían a la forma en que se llevó el proceso o al trato recibido por el abogado de parte del Ministerio Público, contestó que "ambas situaciones son importantes de aclarar".
La prensa contra "Antorcha"
Alex Guillermo Smith es el nombre del ingeniero agrícola que desarrolló el programa "Antorcha", con el cual aseguró que pudo interceptar mensajes de WhatsApp y Telegram en los celulares de los comuneros mapuches investigados.
Son esas conversaciones las que fiscalía ha denominado "irregulares", por encontrarse en un formato impropio de sistemas de mensajería, alojados en otra ruta dentro de los teléfonos y algunos con fecha posterior a la incautación.
La noche del martes, Smith accedió a hacer una prueba de su programa para el noticiero de Canal 13, "T13", señalando que tuvo que volver a crearlo debido a que sus equipos fueron incautados para ser periciados. Según él, el proceso le tomó cuatro días.
Lo que se vio por la pantalla fue el modus operandi de la aplicación: el envío de un correo electrónico a dos celulares, uno de ellos del periodista Emilio Sutherland, quien permitió que su equipo fuera afectado por el malware después de desactivar el antivirus del equipo, a pesar de que Smith había declarado con anterioridad que no era necesario abrir el correo para que el equipo se infectara.
Tras dos días de prueba, incluyendo una pausa debido al supuesto hackeo del servidor de la aplicación, se logró extraer mensajes de Marisa Navarrete, abogada de los acusados de montaje, quien también había hecho click en los enlaces enviados por Smith.
Poco después, Ciper publicó información con respecto a un mail entre un capitán de Carabineros, Leonardo Osses, con Smith, donde el primero envió un archivo de texto con las supuestas conversaciones entre Héctor Llaitul y otros implicados en la causa.
Los diálogos eran los mismos que luego aparecieron en el formato que generó sospechas (.txt) y que habrían sido implantados en los celulares. El correo fue enviado el mismo día y a la misma hora en que personal de inteligencia de Carabineros periciaba los celulares de los detenidos.
Las acciones legales
El acontecimiento más reciente de la semana fueron las nuevas dos medidas adoptadas por el Gobierno, una que lo enfrenta con fiscalía y otra que pone en duda el actuar de Carabineros.
La apelación fue presentada por el Ministeiro del Interior, acompañada del recurso de queja debido al mal trato que los fiscales le habrían dado a los abogados del Gobierno.
Tres horas más tarde ocurrió el anuncio de la querella contra Carabineros, documento presentado por la misma cartera y que detalla que la acción judicial es "en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores".
"Nos encontramos ante un hecho de la más alta gravedad para el país, toda vez que estamos ante delitos que, dentro del marco penal, tienen asociadas no solas penas considerables", se lee en el texto.
Ambas acciones fueron interpuestas antes de que la Justicia se pronuncie sobre la supuesta manipulación de pruebas, a pesar de que el Gobierno afirmó, en más de una ocasión, que tomaría medidas tras conocer la "verdad judicial".
