SANTIAGO.- El gran remezón fue en 2003. Ese 24 de junio, la justicia chilena condenaba por primera vez a un religioso católico por nueve delitos de abusos sexuales en contra de menores. Con eso, se daba término al escándalo provocado por las denuncias en contra del sacerdote José Andrés Aguirre, más conocido como el "cura Tato". Sin embargo, la olla se había destapado.
Un año antes, el castigo eclesiástico le había llegado al obispo de La Serena, Francisco José Cox, quien fue recluido en un monasterio sin llegar a tribunales. En 2004, fue el turno del párroco de El Bosque, Fernando Karadima, probablemente uno de los más mediáticos del país. Y así, las denuncias en contra de religiosos católicos siguieron acumulándose hasta la actualidad.
Desde entonces, los casos estuvieron presentes. Sin embargo, el anuncio de que el Papa Francisco visitaría Chile en enero de este año les dio un nuevo escenario a las denuncias para hacerse oír. De hecho, el Pontífice designó al arzobispo de Malta, Charles J. Scicluna, para escuchar los testimonios. La primera de estas reuniones será justamente hoy, cuando el prelado viaje a Nueva York para entrevistar a Juan Carlos Cruz.
Éstos son los casos de abuso sexual que complican en la actualidad a la Iglesia chilena.
El polémico Barros
Es justamente el caso Karadima el que le vuelve a dar dolores de cabeza a la Iglesia. En 2015, a cuatro años de que la Santa Sede sentenciara culpable al ex párroco y lo castigara a una vida de retiro (y a cuatro años de su sobreseimiento en la arista criminal de la justicia), el Papa Francisco designa como obispo de Osorno al sacerdote Juan Barros.
El nombramiento generó el enojo y la molestia no sólo de la comunidad osornina, sino también de las víctimas del ex párroco de El Bosque: los abusados lo apuntaron como encubridor de los delitos de Karadima, quien era su mentor.
Pero las protestas no hicieron eco en el máximo representante de la Iglesia católica. Por el contrario, pocos meses después de su designación,
Jorge Bergoglio realizó una férrea defensa de Barros: "La única acusación contra ese obispo fue desacreditada por la corte judicial (…) Osorno sufre por tonta (…) No se dejen llevar por acusaciones infundadas de los zurdos".
La polémica se estancó. Eso, hasta el año pasado, ya que agrupaciones de opositores de Barros aprovecharon la visita del Papa Francisco para poner nuevamente el tema en la agenda nacional. Y lo lograron.
La presencia de Barros en las misas masivas del Pontífice no pasó desapercibida y el caso se volvió en el protagonista de la visita. Sin embargo, las disculpas ofrecidas por Francisco por los casos de abuso sexual en Chile quedaron en nada el último día de la gira papal, cuando Bergoglio volvió a defender al obispo de Osorno. "El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia", sentenció a los medios.
Sus declaraciones causaron tanto revuelo nacional e internacional, que el Papa Francisco decidió enviar a Chile al arzobispo de Malta, Charles J. Scicluna, para que escuche los testimonios de las víctimas en relación a Barros.
Scicluna llegará el 20 de febrero y se reunirá con los denunciantes y otras organizaciones opositoras al nombramiento del obispo de Osorno. Aún se desconoce si esto derivará en una investigación canónica.
Los hermanos maristas
Abel Pérez Ruiz (70) fue el primer nombre que surgió como abusador sexual en la Congregación Marista. Las denuncias, que fueron dadas a conocer en un reportaje, fueron de parte de 10 ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla y cuatro del Colegio Marcelino Champagnat, que afirman que las conductas del hermano se habrían extendido entre las décadas del 70 y el 2000.
El pasado mes de agosto, la orden reconoció los abusos al interior de la institución y aseguró que el religioso había confesado en 2010 sus actos, año en que fue apartado de sus labores con menores de edad. En el comunicado, la Congregación anunciaba que hace sólo unos días Pérez había sido denunciado ante el Ministerio Público.
Actualmente, el hermano tiene prohibición de desempeñar sus labores docentes en los establecimientos y hasta 2016 fue relegado a administrar la casa de los maristas en Providencia, donde reside.
Pocos días después de la declaración de la Congregación respecto al hermano Pérez, la orden anunció que había denunciado a otro de sus religiosos, Luis Humberto Cornejo Silva, por abuso sexual de al menos cinco menores entre el 2010 y el 2012 en la Región de O'Higgins. Cornejo, no obstante, se encuentra en estado vegetal desde 2013, luego de un ataque con arma blanca en Bolivia. El hermano permanece postrado en la casa de los maristas en Providencia.
Con los días, nuevos antecedentes aclararon que los abusos no se restringían a sólo dos religiosos. Un reportaje en enero de este año dio a conocer nuevos testimonios de alumnos de colegios maristas que habían sido abusados sexualmente por otros hermanos.
La Congregación Marista reconoció la existencia de entre 14 y 18 víctimas que acusan a diez religiosos de la orden cuyas denuncias están en el Ministerio Público. Entre ellos está Pérez, Cornejo y José Monasterio. Además, hay otros cuatro sometidos a investigación canónica, como Adolfo Fuentes.
Los maristas también establecieron una Comisión para la Verdad y aseguraron que, de comprobarse los delitos, los culpables serán sancionados con la expulsión incluso si los abusos prescribieron. Asimismo, designaron a un investigador canónico, el salesiano David Albornoz, para indagar en los hechos. El sacerdote ya comenzó con las entrevistas a los denunciantes, entre los que se encuentran Gonzalo Dezerega, Jaime Concha, Eneas Espinoza, Eduardo Rozas e Isaac Givovich, yerno del alcalde Joaquín Lavín.
Desde la arista judicial, el fiscal Guillermo Adasme estará a cargo de investigar las denuncias que datan de 1970, sin embargo, sólo serán abordados los casos ocurridos desde 2005. El resto de los ilícitos deberían ser periciados por el 34º Juzgado del Crimen de Santiago, a menos que ya hayan prescrito.
El capuchino infiltrado
Las denuncias realizadas por ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla apuntaban principalmente a hermanos maristas, dado que el colegio es de esa orden. No obstante, los religiosos de la congregación no son sacerdotes, por lo que no pueden impartir los sacramentos. Para eso, los maristas traían a otros sacerdotes.
Es el caso del capuchino
Sergio Uribe Gutiérrez, que se desempeñaba como párroco de este establecimiento educacional. El nombre de Uribe surgió entre los testimonios de los abusados por hermanos maristas y fue
acusado de haber abusado de al menos tres menores de edad en ese período.
Dados los nuevos antecedentes, la Orden Capuchina de Chile decidió iniciar una investigación canónica previa para recabar testimonios del caso y, para ello, designaron a David Albornoz, el mismo sacerdote salesiano encargado de las indagaciones en el caso de los maristas.
En la actualidad, los capuchinos determinaron como medida cautelar para Uribe la prohibición de ejercer el ministerio públicamente y de tener contacto con menores de edad.
Los jesuitas
Todo se destapó el 19 de enero, cuando el animador de televisión José Miguel Viñuela comentó en un matinal las extrañas prácticas en las que incurría un sacerdote de su colegio, el San Ignacio El Bosque. Relató que durante los retiros, el padre Jaime Guzmán Astaburuaga -quien se desempeñó como capellán y profesor del establecimiento entre 1984 y 1994- les tomaba fotografías bañándose desnudos en la piscina del recinto.
Sus declaraciones escalaron más rápido de lo que Viñuela quería, cuando días después la
Compañía de Jesús confirmó que el religioso había sido declarado culpable en 2012 de acoso sexual en una investigación canónica producto de otras denuncias previas. Su condena fue la prohibición del contacto con menores de edad y la restricción de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal, pero el proceso no se hizo público por expresa petición de uno de los denunciantes.
No obstante, para investigar los nuevos antecedentes, la congregación designó a Waldo Bown, abogado de la Universidad de Chile y especialista en derecho penal, quien enviará los resultados de la indagación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano eclesiástico competente para estos casos. De la misma forma, anunciaron el nombramiento de la abogada Heskia Tornquist para que reciba nuevos testimonios o denuncias sobre el tema.
