SANTIAGO.-
Más de 500 casos de menores adoptados por familias extranjeras entre los años 70 y 80 están siendo indagados por el juez Mario Carroza. Esto, ya que existe la sospecha de que esos niños fueron entregados de forma irregular, incluso -en algunos casos-
se habla de una presunta sustracción.
En este marco, el nombre de Telma Uribe (96 años) es clave para dicha investigación. Además de una reveladora carta enviada en 1983 en la que una colaboradora de esa asistente social le relataba las dificultades para sacar a una menor del país hacia Estados Unidos, una serie de otros documentos fueron incautados en el domicilio de la mujer por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, según consignó La Tercera.
Y es que Uribe, quien fue interrogada el año pasado y está en calidad de inculpada, durante las décadas de los 70 y 80 tuvo una activa vinculación con diversos organismos internacionales que facilitaban adopciones a familias extranjeras. Guardaba un extenso archivo con el pasado de 579 niños chilenos dados en adopción entre 1950 y 2001. De esos, a 525 los acogieron familias extranjeras.
En este proceso por presuntas adopciones irregulares de menores, que Carroza comenzó con un número limitado de querellas que denunciaban la sustracción de hijos, se amplió a cerca de 500 casos a raíz de un informe elaborado por María Cecilia Erazo, asistente social y abogada de la Universidad Católica, quien ejerce funciones de perito de la Corte de Apelaciones de Santiago. Erazo analizó el archivo de Uribe.
Así, parte del informe elaborado por la abogada indica que "los registros revisados es posible señalar que la Sra. Uribe participaba en la tramitación legal del procedimiento de legitimación adoptiva o de tuición con autorización de salida del país (adopción internacional)".
De los 525 niños que fueron adoptados en el exterior, la investigación constató la existencia de 494 informes destinados a obtener judicialmente la "tuición y autorización de salida del país".
Colaboradores y aportes económicos
Para poder realizar más de 500 adopciones, Uribe tuvo una serie de colaboradores. Médicos, una abogada, una traductora, una secretaria y dos asistentes sociales figuran entre quienes ayudaban a la mujer.
"Además de los contactos que mantenía con consultorios, maternidades, hogares de niños, de mujeres, abogados y otros profesionales. También realizaba 'promoción' de sus servicios a madres en conflictos con su maternidad", quienes recibían un pago, de acuerdo a Erazo.
"En la gran mayoría de los casos revisados existe efectivamente aporte económico (hacia las madres) por diversos conceptos", señala el peritaje.
Por otro lado, algunos menores eran calificados como los "buenos niños", los que, según la indagación, se refieren "no solo a lactantes recién nacidos o de meses, sino especialmente a niños de piel clara, sin rasgos de 'raza indígena'".
"Cabe hacer presente que muchos de los niños presentados en la década del 70 no tenían filiación materna ni paterna determinada", dice el informe. Por ello, los jueces de la época pedían la comparecencia de la madre biológica, pero en más de una oportunidad aparecía un niño no reconocido legalmente por sus progenitores "con declaraciones juradas de quien dice serlo, sin acreditarlo realmente".
Además, la investigación dio cuenta de pagos a funcionarios judiciales por concepto de "copia de sentencias". Sin embargo, el monto de estos eran muy superiores al costo real.
Finalmente, el informe pedido por Carroza para determinar si la información incautada a Uribe se enmarca "en procesos de adopciones irregulares sustanciadas en la década de los 70 y 80", entrega algunas conclusiones.
En primer lugar, se destaca que "se genera una actividad económica asociada a la materia" y que en algunos casos es difícil diferenciar entre "el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre".
Y segundo, el documento llega a una determinación no tajante: "Debido a la inscripción sin filiación de algunos niños, a la existencia de certificados de parto que fueron otorgados fraudulentamente, a la entrega de lactantes por mujeres que no acreditaron ser efectivamente sus madres, a la inscripción de menores con fechas de nacimiento distintas a las reales, entre otras irregularidades, no es posible dar cuenta directamente de una posible sustracción de menores, pero tampoco descartarla".
Mario Carroza y prescripción
El juez Mario Carroza, por su parte, sostuvo que "estamos investigando los casos que hubo sustracción de menores durante el período de 1973 y 1990 (...) Nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular. Efectivamente nos han corroborado esa información".
En cuanto a la forma de operar con el fin de realizar este supuesto ilícito, el magistrado relató que "lo normal era que llegaban a una madre que estaba embarazada o alguna que iba a dar a luz, conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles a su hijo por diferentes motivos".
"Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá", agregó.
Asimismo, Carroza aclaró que "tenemos que circunscribirnos solamente al período que me corresponde a mí, que dice relación, que es el mandato que tengo, por sustracción de menores que están relacionados con los derechos humanos de la violencia política de esa época (dictadura). Pero la investigación va más allá, porque hay varios atisbos de irregularidades que tal vez convendría aclarar".
Por último, el juez precisó que "en varios casos" había problemas de prescripción. "Si estamos hablando de casos que no están contemplados dentro de lo que podrían ser delitos de lesa humanidad, estaríamos hablando de hechos que estarían prescritos".
