SANTIAGO.- El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago,
Mario Carroza, es quien se ha encargado durante años de investigaciones por crímenes de lesa humanidad, casi todos ocurridos durante la dictadura de
Augusto Pinochet en Chile.
Extensas indagatorias, nuevas causas que se han ido revelando y sentencias dictadas por el magistrado, han sido parte del arduo trabajo que ha tenido que enfrentar Carroza durante su gestión.
Esto, considerando que, según lo informado por el Poder Judicial, el juez acumula cerca de 300 casos relacionados con derechos humanos que actualmente se encuentra investigando. Uno de ellos, es el asesinato del otrora senador UDI Jaime Guzmán en 1991.
Lo anterior, ha acaparado la atención de la prensa durante los últimos días. Y es que el viernes pasado sonaron las alarmas en Cancillería: Ricardo Palma Salamanca, uno de los dos autores materiales de la muerte de Guzmán fue detenido en Francia, tras permanecer 21 años prófugo de la justicia chilena luego de escapar de la cárcel de Alta Seguridad en 1996.
"Yo espero que el proceso de extradición se apruebe e inmediatamente se hagan los contactos con Relaciones Exteriores y con Francia para efectos de traerlo", sostuvo Carroza tras enterarse del arresto.
Además, fue el mismo juez quien dictó la orden de detención contra el ex frentista, luego de alertar que el año pasado "El Negro" (como es apodado Palma Salamanca) permaneciera 12 días aprehendido en el país galo tras de ser sorprendido con documentación falsa y, posteriormente, puesto en libertad.
El sábado, el ex subversivo pasó a su control de detención, donde fue dejado en libertad condicional, con la medida cautelar de firma diaria en París, audiencia donde además solicitó asilo político en Francia, lo que podría, de ser acogida, truncar su posible extradición a Chile para cumplir la cadena perpetua que pesa en su contra.
Presunta sustracción de menores
Otra causa que ha llamado la atención es la investigación que está llevando Carroza respecto a más de 500 casos de niños adoptados, presuntamente, de forma irregular por extranjeros durante los años del régimen militar.
"Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990. En razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores (más de 500) que fueron entregados en adopción irregular. Hemos realizado algunas indagaciones y pedido un informe. Efectivamente, nos han corroborado esta situación", sostuvo el domingo a La Tercera el magistrado.
Según los peritajes encargados a la asistente social y abogada de la Universidad Católica, María Cecilia Erazo, quien además ejerce funciones de perito de la Corte de Apelaciones, aparece como clave para la investigación el nombre de Telma Uribe (96), quien habría tramitado estas adopciones irregulares al extranjero.
La mujer, "realizaba 'promoción' de sus servicios a madre en conflicto con su maternidad", quienes recibían un pago a cambio de la entrega de su guagua, de acuerdo al informe de Erazo.
Ante esto, Carroza sostuvo que se han realizado "bastantes" diligencias. "Pero tenemos que circunscribirnos solamente al período que me corresponde a mí (1973-1990), que dice relación, que es el mandato que tengo, por sustracción de menores que están relacionados con los derechos humanos de la violencia política de esa época".
Además, aclaró que "en varios casos" existirían problemas de prescripción. Para que los hechos no estén prescritos, debe comprobarse que se encuentran en el marco de lo que podrían ser delitos de lesa humanidad.
Caravana de la muerte, Quemados y Pisagua
Otro de las causas destacadas en las que actualmente trabaja Carroza es en el episodio La serena del caso Caravana de la Muerte.
En ese sentido, el juez indaga la responsabilidad de 16 militares (r) en 15 homicidios calificados ocurridos el 16 de octubre de 1973, en el Regimiento de Arica.
De este caso, también se desprende la causa del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. En octubre se reveló que el ex militar participó en más de 26 Consejos de Guerra durante 1973.
En dicha instancia militar se condenó al menos 16 personas que figuran como víctimas en la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la cual se emitió el informe Valech. Pese a ello, Carroza sostuvo en noviembre que la participación de Chayre en Consejos de Guerra no es determinante para la arista del caso Caravana de la Muerte de la que el magistrado está a cargo.
El ministro Carroza también es el encargado de la investigación del polémico caso Quemados. Donde, en julio de 1986, un grupo de militares comandados por el general Pedro Fernández Dittus, tras golpearlos, roció con combustible y quemó vivos a dos jóvenes: Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, quienes se encontraban protestando en Santiago en contra del régimen de Pinochet.
A estos se suman las indagatorias por el caso Pisagua, el cual hace referencia a las acciones judiciales realizadas en torno a los crímenes ocurridos en el centro de tortura y campamento de prisioneros que se instaló durante la dictadura en la localidad de Pisagua, ubicada en la Región de Tarapacá. Hecho, que a la fecha, lleva a siete mienbros (r) del Ejército condenados producto de las diligencias de Carroza.
En 1985 ocurrió otro hecho que formaría parte de las numerosas causas lideradas por el juez. En aquel año, Patricio Manzano, un estudiante de primer año de ingeniería de la Universidad de Chile, perdió la vida tras ser detenido, junto a otros compañeros, por Carabineros durante los trabajas de verano de la FECH cuando había estado de sitio.
En 2015, la Corte de Apelaciones consideró la muerte de Manzano un crimen de lesa humanidad, por lo que rechazó la prescripción y ordenó a Carroza agotar la investigación. En la lista de los funcionarios policiales que habrían participado en la detención de los estudiante de la FECH aquel ocho de febrero, figuraba el nombre del actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos.
Por este caso, el ministro Carroza sometió a proceso en junio a tres miembros en retiro de la institución uniformada. Villalobos, por su parte, solo ha declarado como testigo por el hecho.
Finalmente, otras investigaciones que comanda el ministro de la corte de Santiago son el origen del Golpe Militar (1973), además de las circunstancias por las muertes del premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, del ex Presidente, Salvador Allende y del ex general de la Fach y padre de la Mandataria, Michelle Bachelet, Alberto Bachelet.
