SANTIAGO. - El ministro de Justicia y DD.HH., Jaime Campos, se refirió al lapidario informe realizado por las Fiscalías Judiciales donde se denuncia situaciones "que constituyen significativas violaciones a los derechos humanos" de los reos en el país.
Antes esto, el secretario de Estado afirmó que la información plasmada en dicho documento "no nos sorprende. Es lo mismo que la fiscalía viene denunciando hace 15 años", y apuntó a la Contraloría General de la República por su demora en la toma de razón de un decreto del ministerio para solucionar esta situación.
"Con fecha 27 de abril de 2017, a pocos meses de haber asumido el Ministerio de Justicia, nosotros firmamos el decreto supremo 382 que establece el nuevo reglamento penitenciario en Chile", aseguró Campos.
Con dicho decreto, continuó, "se regulan las actuaciones de los condenados y de los funcionarios de Gendarmería. De manera que la inmensa mayoría de los reparos planteados por la fiscalía están resueltos, recogidos en este decreto que debió haber entrado en vigencia en diciembre del 2017".
El problema, precisó Campos, radica en que esto todavía no entra en vigencia debido a que "la Contraloría General de la Republica no ha tomado razón de este (decreto)".
El ministerio, por lo tanto, sostuvo Campos, "ha cumplido cabalmente lo que nos correspondía hacer".
"En el decreto se establece todo. Las normas en materia de alimentación, encierro, tipo de castigo que hay que imponer. Todo está contenido, es cosa que lo lean", añadió.
Además, agregó que "ese trabajo está absolutamente hecho. Es hora de que todos los órganos que se comprometieron, lo pongan en práctica".
Asimismo, Campos fue enfático en señalar que con dicho documento todos los problemas carcelarios indicados "ya no estarían". En consecuencia, manifestó que "Contraloría tiene que cumplir con este decreto, o sino estaría faltando al ámbito jurídico".
Finalmente, en cuanto a alguna respuesta desde Contraloría, el ministro aseguró que no han recibido "ninguna, a pesar de nuestra insistencia".
Esto, pese a que "el decreto se firmó con fecha 27 de abril del año 2017, ingresó a la Contraloría el 9 de mayo y fue reingresado el 10 de noviembre", concluyó.
