SANTIAGO.- El 27 de julio del año pasado, mediante dos cartas, el entonces director de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval (DC), presentó su renuncia al cargo, un día después de que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, admitiera que existía un retraso en la presentación del proyecto de ley de Migraciones prometido por el Gobierno para el primer semestre de 2017.
La causa, dijo ese día, se debió a la dificultad para determinar el costo financiero de los beneficios que se buscan asegurar para los inmigrantes.
Sandoval, en su salida, afirmó que el proyecto había "sufrido dilaciones y distorsiones que nos alejan de cumplir el objetivo de dotar a Chile de una respuesta moderna (al fenómeno)".
La decisión de alejarse del cargo marcó un hito en la historia del proyecto que surgió como promesa de campaña, y que figuraba en el programa inicial.
Un proyecto cuestionado
Se habló de dos miradas distintas sobre migración: la de Sandoval, y la del propio Aleuy. Las organizaciones de y pro migrantes dijeron, en su momento, que sólo habían tenido contacto con el primero, y cuando finalmente el Gobierno presentó el proyecto, el 21 de agosto, aseguraron temer que fuera más restrictivo que la legislación actual.
"Habiendo realizado un trabajo de participación con las organizaciones, se desechó un proyecto de ley construido colaborativamente para posteriormente presentar a última hora un proyecto hecho entre cuatro paredes, que distaba mucho de lo que se había hablado con la sociedad civil", afirma a Emol Pablo Valenzuela, director nacional de Servicio Jesuita Migrante (SJM).
El proyecto, cuya idea de legislar fue rechazado por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, tenía como uno de sus puntos centrales el transparentar la magnitud de la migración en Chile, a través de la creación de un Registro Nacional de Extranjeros.
Y se sostenía sobre cuatro ejes: un sistema de derechos y deberes; regulación del ingreso y salida en nuevas categorías migratorias; procedimientos administrativos sancionatorios y un sistema nacional de política migratoria.
Días después de la firma del proyecto y de que fuera despachado al Congreso, la Cámara de Diputados interpeló al ministro del Interior, Mario Fernández.
Con 94 parlamentarios presentes, liderados por Paulina Núñez (RN) y en paralelo a un partido de la Selección, el Congreso interrogó al secretario de Estado por la demora en el proceso.
"El Gobierno tuvo una inmejorable oportunidad de haber avanzado en un tema que va a marcar el Chile de este siglo con el proyecto de 2016, que tenía un enfoque de derechos humanos, una nueva institucionalidad pero, finalmente, no la concretó", dice por su parte José María del Pino, director ejecutivo de Fundación Fré, organización que se dedica a ayudar a los migrantes a insertarse en Chile.
"Entre el alba y medianoche, se terminó enviando un proyecto insuficiente, incoherente en su redacción interna, con problemas de técnicas legislativas, que carecía de un enfoque de derecho, y que terminó siendo rechazado incluso en la misma comisión de Gobierno", añade.
El domingo pasado, cientos de migrantes salieron a protestar nuevamente para presionar por la regularización de su situación. Según afirmaron, más de 200 mil inmigrantes tienen pendiente este proceso.
Los avances: vivienda, educación y salud
Aunque ambos actores critican transversalmente la gestión de Bachelet en la creación de una nueva legislación, sí reconocen algunos pasos que Del Pino califica como "importantes", aquellos relacionados con los derechos sociales.
"El derecho de salud es algo donde se avanzó bastante, se lograron sobrepasar algunas trabas que existían en el ámbito educacional y me parece que el principio de reunificación familiar es uno de los que este Gobierno supo trabajar. Si bien creo que perdieron una oportunidad, no todo lo que se hizo es malo", afirma.
Valenzuela profundiza: "En salud, es relevante que ahora se cumpla un estándar de derecho humano y que se dé atención a toda persona, no importando su estatus migratorio. En educación, el acceso a los colegios se aseguró y se ha progresado harto en la regularización de los niños".
También menciona como positivo que se haya eliminado el requisito de tener cinco años de residencia definitiva en Chile antes de poder postular a una vivienda. "También se abrieron puertas de capacitación a personas migrantes", explica, aunque afirma que la fecha de esos cambios fue tardía.
"El Gobierno se quedó con la principal deuda del proyecto de ley y por eso reprueba, porque además llegó tarde a arreglar los flancos que tiene el problema de migración", dice.
Los riesgos
"Lo que tenemos hoy es un sistema de migración que produce irregularidad estructural. Cuando tienes a esa persona en irregularidad, la vuelves 'presa fácil' y queda más vulnerable a realidades como el abuso laboral o en la vivienda", cuenta Valenzuela.
Tener migrantes en situación irregular es, para Valenzuela y Del Pino, un escenario que no solo perjudica a los afectados directamente, sino también al país que los acoge. "Si ellos tienen esta situación de precarización constante, nuestro país deja de percibir todos los beneficios", dice el líder de Fundación Fré.
También recalca un dato que llama la atención, porque parece contraintuitivo: "Si bien el fenómeno migratorio en Chile es creciente y muy importante, en términos netos Chile tiene baja tasa de migración”, agrega Del Pino.
Sin embargo, la sensación a nivel de ciudadanos es que la inmigración se ha disparado, lo que ha despertado en muchos sectores discursos y sentimientos xenófobos. Según Valenzuela, la discriminación es un efecto colateral del estatus irregular migratorio.
"Cuando tienes a las personas en ese estatus, pasan cosas como que la Junji no los puede evaluar por el registro social de hogares. Y en lugares como la comuna de Estación Central tenemos jardines sólo con personas migrantes. Eso produce la rabia del chileno", cuenta.
Lo mismo pasa en el área laboral. "Cuando van por trabajos donde hay alta informalidad, como la construcción, aceptan ganar mucha menos plata porque están irregulares. Se produce esta falsa competencia, la irregularidad produce contextos donde la persona nacida en Chile ve al migrante como un competidor en mala lid".
Los desafíos de Piñera
Para Del Pino, es clara la dirección en la que tiene que avanzar el gobierno que entrará a La Moneda el 11 de marzo. "La prioridad debe ser avanzar en la modernización de una institucionalidad, y debe ser urgente", dice.
"Es necesaria una nueva institucionalidad, con una nueva ley, que sea coherente, que mantenga el espíritu de un enfoque de derechos y que ponga al migrante como centro de la política pública", agrega.
Además, considera que es importante plantear una posible coordinación intersectorial de los ministerios, que permita "mejorar el día a día, para disminuir las tensiones culturales".
"Si como Estado mejoramos la calidad de vida de los migrantes, al final vamos a generar mayor inclusión y disminuiremos esa tensión, para que esa diversidad sea enriquecedora", concluye.
