SANTIAGO.- Este martes se reveló que el ministerio de Justicia nombró al ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario en la ciudad de San Fernando, en la Región de O'Higgins.
Si bien Toledo se encontraba hace meses en una terna para ocupar el cargo, donde también estaban los nombres de los notarios de otras comunas, esto no significó que su designación causara menos polémica.
El fiscal dejó su cargo en el caso Caval, que involucra a la nuera e hijo de la Presidenta Bachelet, en 2016 para asumir el cargo de jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas de la Fiscalía.
Tras conocerse la decisión, Jaime Campos, ministro de Justicia, defendió el nombramiento diciendo que "hace ya bastante tiempo que trabaja en la Fiscalía en Santiago y que hace unos años atrás fue fiscal en Rancagua".
Pero Toledo no ha sido el único cuya designación causó controversia en el gobierno de Bachelet.
Solange Huerta al Sename
En julio de 2016, Javiera Blanco, la entonces ministra de Justicia, anunció que Hugo Herrera dejaría de ser el director nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename) y dejó a Solange Huerta en el puesto.
Su nombre ya era conocido debido a que fue la ex fiscal del caso Tsunami, en el que estaban imputados Patricio Rosende, subsecretario del Interior del primer Gobierno de Bachelet; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; y dos marinos del SHOA.
El procedimiento terminó en la suspensión condicional de este, lo que evitó el juicio oral. Se llegó a un acuerdo de un pago de 235 millones para repartir entre familiares de 104 víctimas.
En ese momento, el Gobierno se defendió aludiendo a que el caso había terminado hace tiempo y que la investigación fue concluida por otro fiscal, no por Huerta.
Javiera Blanco al CDE
Pero uno de los nombramientos más complejos que sufrió este segundo mandato de Michelle Bachelet al poder fue la designación de Javiera Blanco, ex ministra de Justicia, como miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El anuncio se realizó cuatro meses después de que la abogada saliera del cargo tras un periodo marcado por la interpelación que sufrió y la acusación constitucional en su contra por la crisis del Sename.
También surgieron cuestionamientos debido a que el organismo es querellante en el caso que investiga las eventuales irregularidades en las pensiones de Gendarmería que se realizaron cuando ella era titular de la cartera.
Fue la Presidenta la que salió a defender el nombramiento diciendo que estaba dentro de sus facultades y que la "calificación profesional de Javiera Blanco va a ser un aporte a la labor del Consejo".
