SANTIAGO.- Fueron seis meses de intenso despliegue por todo Chile, en los que remarcó una y otra vez las principales obras de su gobierno: La gratuidad en educación superior, el fin del lucro, copago y selección en los colegios, la despenalización del aborto y la creación de áreas protegidas, entre otras cosas, era el legado a defender en los próximos años.
Sin embargo, en solo siete días, la ex Presidenta Michelle Bachelet vio como cada una de esas obras han sido eclipsadas por una serie de polémicas que la golpearon duro. El respaldo hacia el ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, las cifras del déficit fiscal y el fracaso del cierre de la cárcel de Punta Peuco terminaron por protagonizar el final de su mandato.
A cinco días de dejar el poder, y en entrevista con Don Francisco, la ex gobernante dejó abierta la posibilidad de cerrar el penal en el que cumplen condena los condenados por violaciones a los DD.HH., una de sus promesas más esperadas por el mundo de izquierda. Sin embargo, corrieron los días y hasta el mismo cambio de mando no hubo noticias.
El día anterior a que dejara La Moneda, el rumor era fuerte. El propio abogado de los presos, Raúl Meza, confirmaba el decreto de traslado de sus representados, y el diputado del PC, Hugo Gutiérrez, celebraba el hecho como la “guinda de la torta” del Gobierno. Pero en los hechos, no pasó nada y hasta hoy no hay respuesta al fracaso de la gestión.
Mientras el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, dice que nunca le llegó el documento, otras fuentes han asegurado que el ex titular de la cartera se negó a suscribir el texto preparado por la gobernante. Lo claro es que pese a que hubo reuniones incluso a horas de dejar el gobierno, Bachelet tendrá que cargar con el peso de no cumplir su palabra.
Al día siguiente de la entrevista, Bachelet fue golpeada por una nueva información: El ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, fue nombrado por el propio Campos como notario de San Fernando. Si su presencia en la nómina de postulantes ya dejaba dudas, su definitiva designación despertó una serie de críticas hacia el Gobierno.
Esto, debido a que el ex secretario de Estado gestionó un decreto de última hora para favorecer la nominación de Toledo. Ante la presión, Campos no demoró en asegurar que había recibido órdenes superiores, apuntando a la propia Bachelet y su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte a solo días del cambio de mando.
Y a un día que dijera adiós, el Gobierno dio a conocer que dejaría un déficit fiscal estructural mayor a lo proyectado inicialmente. El director de Presupuestos, Sergio Granados, había informado en enero que la cifra sería de -1,7 del PIB. No obstante, luego se reveló que el hoyo fue mayor a lo estimado y que déficit estructural alcanzó -2,1% del PIB en 2017.
El hecho despertó severas críticas de parte del gobierno entrante. "El Gobierno anterior nos dejó una mochila de más de US$1.000 millones de dólares de déficit adicional (…) le mintió a todos los chilenos diciendo que las cajas fiscales estaban mucho mejor de lo que realmente estaban", dijo el ministro de Economía, José Ramón Valente.
