Insulza es parte de la comitiva que está en La Haya.
Agencia Uno
SANTIAGO.- La abogada Amy Sander expuso este martes en el equipo jurídico de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, y en su alocución citó 11 resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de la pretensión boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico.
Los dichos de la jurista no pasaron inadvertidos en José Miguel Insulza, ex secretario general del organismo por tres períodos consecutivos, y parte de la comitiva chilena en La Haya.
"Esas resoluciones, como lo dijo el agente boliviano que expuso, se produjeron en un período en que la situación internacional de Chile era muy precaria, muy debilitada, naturalmente por el gobierno militar, esa es la realidad. Por lo tanto, la disposición a dictar resoluciones respecto Chile era muy fuerte", expresó.
Insulza explicó que "por eso la Asamblea General de la OEA entró en ese asunto dejando en claro, sin embargo, que no es un organismo supranacional que le puede dar instrucciones o decir cosas a sus países (miembros), sino un organismo multilateral destinado a generar acuerdos que a imponer cosas".
Es por esto que sostuvo que las resoluciones "a mi juicio, no son vinculables legalmente y eso se dirá bien en nuestra réplica, pero yo quiero dejar en claro lo siguiente: desde 1989, cuando hubo elecciones democráticas en Chile, el tema permaneció en agenda por Bolivia, no tuvimos problema en dialogar con Bolivia, pero nunca nadie dio una resolución".
Sobre las eventuales apoyos de Chile a las resoluciones, dijo: "Yo tengo entendido, tendría que verlo en detalle, porque no lo recuerdo mucho, que algunas veces Chile 'participaba en el consenso' en el sentido que no decía 'votemos o me opongo', sino prefería decir 'ya, ok, si la van a aprobar, apruébenla'".
Respecto de si ello lo obliga a negociar una salida soberana al Pacífico, el hoy senador señaló que "no, no creo, Chile aparece muchas veces votando en contra que aceptando una resolución. A veces en las asambleas generales hay acuerdos sobre una resolución, y más que pedir votación se pide consenso, lo cual no significa que todos los países estén en acuerdo con eso. En ese caso, es aún más discutible que Chile haya participado".
Chile sostiene que no existe fundamento jurídico para la demanda boliviana ya que el país nunca ha asumido una obligación de negociar, ni en un tratado ni en declaraciones unilaterales. Además, el equipo jurídico plantea que tampoco se podría decir que por escuchar a Bolivia ha surgido una obligación jurídica.
