SANTIAGO.- "Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un aporte único, de carácter reparatorio a todas y todos los calificados como víctimas de prisión política y tortura reconocidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica".
Así reza el primer párrafo de uno de los últimos proyectos enviados por la
ex Presidenta Michelle Bachelet, revelado esta mañana por Radio Universo
(vea acá el documento), a cinco días de que terminara su mandato.
Se trata del Mensaje 393-365 ingresado el 6 de marzo a la Cámara de Diputados y que establece una indemnización de $3 millones para los presos políticos.
"El objetivo de este proyecto de ley es otorgar un aporte único destinado a reparar pecuniariamente el daño causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones a sus derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990".
Este proyecto -que fuentes del gobierno aseguran que está congelado y cuya existencia los sorprendió-, consiste en un nuevo gesto al mundo de los DD.HH. realizado por la ex Presidenta en los últimos días de su mandato. Se suma a la polémica por el fallido decreto para transformar Punta Peuco que el ministro Jaime Campos se negó firmar, y que desató duras críticas a Bachelet de parte del PC y de las agrupaciones de DD.HH. Carmen Gloria Quintana, incluso, calificó la situación como "una falta de respeto cruel".
Un ex ministro de la era Bachelet asegura que se trataban de un tema que las víctimas de tortura y prisión política venían reclamando desde hace tiempo, y que el gobierno decidió resolver en el verano.
El mensaje está fechado el 31 de enero de 2018 y está firmado por Bachelet y sus ministros de Interior, Hacienda y Segpres, Mario Fernández, Nicolás Eyzaguirre y Gabriel de la Fuente, respectivamente. En el caso de los ministerios de Justicia y Trabajos, firman los subsecretarios Nicolás Mena y Alberto Undurraga en calidad de subrogantes.
Fuentes cercanas al ex ministro Campos aseguran que él nunca supo de este decreto y que desconocía su envío al Congreso.
¿Cómo se explica entonces que esté firmado por Mena? La explicación está en un viaje a Guatemala que realizó Campos por esa misma fecha a una Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos (COMJIB). De hecho, el mismo 31 de enero el Twitter de la COMJIB muestra una fotografía de Campos recibiendo un homenaje del Presidente de la Asamblea Plenaria y el Viceministro de Gobernación, quienes "reconocieron el liderazgo y activa participación del Ministro @MinjuDDHH Jaime Campos en nuestra Organización!", dice la publicación.
Ese mismo día, en Santiago, en La Moneda se firmaba este proyecto cuyo futuro hoy debe resolver el Presidente Sebastián Piñera, y que lo enfrenta a la incómoda situación de suspender un pago que las víctimas de violaciones a los DD.HH. reclaman desde hace años o aprobar un gasto equivalente a $91.498 millones, según estimó la Dirección de Presupuesto en una informe fechado el 2 de febrero pasado.
Consultado al respecto, Mario Fernández señaló a Emol que "como en todo tipo de asuntos del gobierno anterior no hago comentarios".
"Indemnización justa y adecuada"
"Considerando que casi la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos reconocidas por las comisiones de verdad, ya mencionadas, tienen 70 años o más, es relevante que el Estado proteja, en la medida de sus posibilidades, el derecho a una indemnización justa y adecuada para víctimas de prisión política y tortura", sigue el proyecto.
"Entendemos que los horrores, dolores y pérdidas de las víctimas y sus familias no se solucionan con aportes en dinero. La verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son lo que las agrupaciones nacionales de ex presos políticos piden, y ello abarca más aspectos que un aporte monetario de carácter reparatorio. Por lo anterior, el Estado de Chile deberá seguir trabajando en el desarrollo de políticas y programas que avancen en esta línea, para lograr una verdadera reconciliación nacional, con nuestra historia y quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos", agrega la iniciativa.
"El aporte único que se otorga consiste en la entrega de una suma de dinero equivalente a un total de $3.000.000 a quienes sean titulares de conformidad a la ley"
Extracto del proyecto de ley
El mismo documento menciona que este aporte se suma a uno ya entregado el año 2015 y detalla que "el aporte único que se otorga consiste en la entrega de una suma de dinero equivalente a un total de $3.000.000 a quienes sean titulares de conformidad a la ley" y que el pago será en dos o tres cuotas anuales dependiendo de la edad del beneficiario.
En el caso de los cónyugues sobrevivientes "de las víctimas prisión política y tortura", éstos recibirán el equivalente al 60% del monto.
Este proyecto es uno de las iniciativas de la era Bachelet que sí llegó al Congreso, incluso antes que intentara modificar Punta Peuco o indultar al ex frentista, Jorge Mateluna, horas antes de dejar La Moneda el domingo 11 de marzo.
Campos señaló la semana pasada, en entrevista con Radio Universo, que la subsecretaria de DD.HH., le había pedido en enero firmar un decreto para firmar una nueva Comisión Valech, a lo que él se negó señalando que era materia de ley y no de un decreto.
Según una alta fuente de La Moneda del antiguo gobierno, el contexto de esta solicitud, a lo que luego se sumaron el fallido decreto por Punta Peuco y el intento de indultar a Mateluna, se enmarca en la intención de Bachelet de hacer un gesto a las víctimas de DD.HH. antes de final de su mandato.
Dipres: financia Trabajo
El informe de la Dipres, en el subtítulo "Efecto sobre el presupuesto Fiscal", agrega que: "Se estima que el presente proyecto de ley beneficiará a 27.952 personas titulares y a 4.245 cónyugues sobrevivientes, con un costo total de $ 91.498 millones".
También precisa que "el mayor costo fiscal” del proyecto de ley durante el primer año presupuestario de vigencia “se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social". Si falta dinero, el mensaje establece que Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto con cargo al Tesoro Público.
Según el Boletín 11619-17, el proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados el martes 6 de marzo de 2018 sin urgencia.
Ahora La Moneda tiene la palabra.
