SANTIAGO.- Junto con anunciar una querella independiente a la denuncia hecha por la empresa, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, apuntó a la directa responsabilidad de Aguas Andinas en la contaminación que sufrió uno de sus acueductos de La Reina y que el martes obligó a la suspensión del servicio en esa comuna y Las Condes.
Esto luego de que hoy la compañía y el alcalde Joaquín Lavín informaran que se detectó un vertido ilegal, que supuestamente correspondería al desecho de baños químicos en el acueducto que contenía el agua de consumo domiciliario.
"Nosotros queremos dejar en claro que se ha vulnerado la seguridad de un estanque que supuestamente no podía vulnerarse y, por lo tanto, podríamos tener episodios similares en el futuro. Nosotros queremos que Aguas Andinas tome las medidas necesarias para que revise la seguridad, los protocolos y lo que está pasando en la red", declaró la intendenta.
Rubilar dijo que ante lo ocurrido "no tenemos ninguna certeza de que algo que antes siempre se consideró inviolable, no vuelva a ser violada y menos con un episodio similar".
La autoridad de la RM explicó que para limpiar los 18 millones de litros disponibles en toda la red se utiliza cloro que se diluye y por eso los exámenes realizados en primera instancia por Aguas Andinas -cuando los vecinos denunciaron que el suministro salía con mal olor- salieron negativos.
"Pero si lamentablemente estos lugares de acopio, como en la comuna de La Reina, pueden ser vulnerados de una manera relativamente fácil, como fue lo que pasó en la madrugada de hace pocos días atrás, nosotros creemos que las medidas de seguridad están siendo suficientes", analizó.
La autoridad regional detalló que independiente de la denuncia hecha por la compañía en la Fiscalía y la PDI, la intendencia presentó esta tarde una querella en contra de quienes resulten responsables por la propagación indebida de agentes químicos vertidos en el agua, "lo que sería además un atentado contra la salud pública". Y también por infectar el agua cuyo destino es de consumo público, "lo que significó además alterar el orden público".
"Apoyamos la denuncia que ha hecho Aguas Andinas, pero creemos que no es suficiente tenemos que contribuir a defender a los vecinos de la contaminación del agua, que es un acto criminal", precisó Rubilar.
