SANTIAGO.- A un día de dejar La Moneda y dar paso al segundo periodo de Sebastián Piñera, el Gobierno de la
ex Presidenta Michelle Bachelet, solicitó al juez
Mario Carroza,
investigar 30 mil casos de torturados durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quienes entregaron su testimonio ante la comisión Valech.
Fue la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, quien envió la petición al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, el que accedió a iniciar la investigación. "Desde el Gobierno (de Michelle Bachelet) me autorizaron", afirmó la ex autoridad al diario español El País y agregó que realizaron la petición al final "porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura".
Para iniciar la indagación, Carroza necesita que el Instituto de Derechos Humanos decida si levantar o no el secreto de los testimonios y por lo tanto, será este organismo el que determinará entregar la información de todas las víctimas
Fríes detalló al medio español que el Ejecutivo preparaba ingresar una indicación sustitutiva, que permitiría que los tribunales conocieran "antecedentes hasta ahora secretos" de los torturados entre 1973 y 1990, pero respetando su privacidad, según consignó El País. A pesar de esto, señaló que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta no alcanzó discutirla antes del cambio de mando.
Pero este no fue la única iniciativa que la ahora ex Mandataria ingresó contra el reloj al Congreso. En sus últimos días como jefa de Estado y seguida por la crisis interna que sufría Carabineros por el fraude y la cuestionada participación en la Operación Huracán, Michelle Bachelet ingresó un proyecto que buscaba reformar la policía uniformada.
"Surge la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento jurídico para hacer efectivas responsabilidades al interior de Carabineros (...) Así, una de las principales facultades que considera nuestro ordenamiento consiste en la denominada acusación constitucional", señala el texto de la ex Presidenta, explicando la necesidad de instaurar dicha opción en la Carta Magna.
El otro de "no" de Campos
La ex subsecretaria también se refirió a otro de las iniciativas del anterior Gobierno que no vio la luz ante la negativa del ex ministro Jaime Campos, quien rechazó firmar un decreto propuesto por Bachelet que permitiría la creación de una comisión permanente de la cartera de Justicia, que tuviera la facultad de recoger los testimonios de las víctimas de la dictadura que fueron rechazados por la Comisión Valech II.
"Esto estaba listo para noviembre. En diciembre se señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los expresos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos", afirmó Fríes.
Ante esto, el ahora ex ministro de Justicia explicó que la propuesta de la subsecretaría fue planteada "
por el simple acto de la autoridad administrativa, (…)
pero que no tenía origen legal como ocurrió con la Comisión Valech II. No es que me haya negado, le hice observaciones por escrito que no se corrigieron y tampoco se transformó en norma".
El hecho se sumó a la negativa del ex secretario de Estado de cerrar Punta Peuco, quien argumentó que en el año y medio de su ejercicio como ministro, señaló al Ejecutivo la necesidad de resolver el caso del recinto penitenciario, "le planteamos dos o tres alternativas legalmente válidas (…) Sin embargo, nunca tuve respuesta sobre ello", aseguró a través de un video.
