SANTIAGO.- Durante la tarde este miércoles y luego de que ayer levantara el secreto de la investigación por la muerte de Jorge Matute Johns, la ministra en visita, Carola Rivas se refirió al proceso de la causa, específicamente a la situación de un grupo de jóvenes que en noviembre de 2001 fue detenido y sindicado como los principales sospechosos del caso.
En noviembre de 1999, la magistrada Flora Sepúlveda -la primera jueza en encabezar la indagatoria-
determinó que la investigación debía ser redefinida a secuestro y obstrucción a la justicia y dos años después procesó por ambos delitos a los jóvenes Carlos Alarcón, Jaime Rojas, Ignacio del Río, Óscar Áraos, Federico Homper, Cristián Herrera y Jorge Bañados.
Sin embargo, en mayo de 2006, Juan Rubilar -quien asumió como ministro en visita en reemplazo de Sepúlveda-, dejó sin efecto el procesamiento de los siete jóvenes y dos años después ordenó el sobreseimiento de la causa.
En ese sentido, la ministra en visita, Carola Rivas, que con sus conclusiones sobre el asesinato del universitario dejó al descubierto los errores investigativos del crimen, recordó en conversación con "24 Horas" a los procesados que por años fueron sindicados injustamente como supuestos culpables. "Me quedo con la sensación de que con ellos se cometió una injusticia. No se les otorgó lo que correspondía, no se les otorgaron las garantías del debido proceso, no se otorgó el respeto a sus derechos fundamentales".
Asimismo, Rivas manifestó que "si bien fueron procesados por obstrucción a la justicia, hasta el día de hoy mucha gente en Concepción los cree los reales asesinos de Jorge Matute".
"Yo creo que se vulneró su presunción de inocencia y es un peso que llevan hasta el día de hoy", agregó la jueza que asumió la investigación en 2014 y que este martes entregó a los familiares del joven universitario un informe con las conclusiones en sus más de tres años de indagatoria, en el que determinó que la muerte de Jorge Matute se produjo por la ingesta del fármaco pentobarbital, suministrado con la intención de inhibir su voluntad y agredirlo sexualmente.
Ésta arista del caso nunca se investigó, pese a que había testimonios que apuntaban en esa dirección. Los encargados de las indagatorias optaron por otras tesis.
Sobre si en la justicia actual esto podría considerarse como obstrucción a la justicia, Rivas manifestó que "yo creo que sí, porque el no revelar antecedentes tan importante en una investigación, quienes llevan la directriz de la investigación, podría configurar, al menos, alguna infracción indisciplinaria. Quizás, efectivamente, rodea una negligencia inexcusable".
