SANTIAGO.- No sólo repercusiones en el mundo académico y estudiantil ha causado el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de Educación Superior, sino que también ha abierto un debate político entorno a la necesidad o no reformar dicha institución. Esto luego que el martes la instancia declarara inconstitucional el artículo 63 de dicha legislación, que prohíbe la presencia de personas jurídicas que persigan fines de lucro en directorios de universidades privadas.
"Hay bancadas (en el TC) políticas, la bancada de seis miembros más conservadores y cuatro que tienen una mirada más progresista para derrumbar lo que se construyó", dijo el pasado martes el diputado de Revolución Democrática (RD), Giogio Jackson. El ex dirigente estudiantil señalaba a uno de los puntos más criticados por algunos sectores, como es la forma en que se nombran a los integrantes del tribunal.
Los cuestionamientos han sido también compartidos desde otros sectores de la oposición, de hecho los senadores de la Comisión de Constitución Felipe Harboe (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC), trabajan en la presentación de una propuesta conjunto con la que se busca reformar las atribuciones del TC, según consignó este viernes El Mercurio.
"Se requieren cambios urgentes en esa institución. Nuestro proyecto termina con el control preventivo de oficio, se prohíbe que hagan un control preventivo sin previo requerimiento de parlamentarios. Y consigna más exigencias de idoneidad técnica para ser miembro del TC, y causales de remoción de sus miembros", afirmó Harboe. Mientras que la propuesta del PS, buscaría eliminar un control preventivo obligatorio o voluntario.
¿Cómo funciona ahora el TC
Actualmente, el Tribunal Constitucional está compuesto por Iván Aróstica, quien además es el presidente, Marisol Peña, Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández, Juan José Romero, María luisa Brahm, Cristián Letelier, Nelson Pozo y José Ignacio Vásquez.
Tres de estos han sido designados por el Presidente de la República: Dos por Piñera en su primera administración (Aróstica y Brahm) y otro por Bachelet (Carmona, quien deja el cargo en abril).
10 miembros tiene el Tribunal Constitucional
Otros tres son designados por la Corte Suprema: Hernández, Peña y Vasquez, el último de los miembros en integrarse.
El Senado, en tanto, designa a otros dos, que en este caso son García y Romero. Los otros dos restantes son nombrados por la Cámara, pero ratificados por el Senado: Los integrantes que llegaron al TC por esta vía son Letelier y Pozo.
Entre las funciones del organismo están el ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación.
Además, de resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.
Las reformas contempladas por Piñera
La modernización del TC es uno de los temas contemplados también en el programa de gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, el cual fue presentado el año pasado durante su campaña. En éste se plantea, por ejemplo, "el revisar y perfeccionar el recurso de inaplicabilidad, fortaleciendo el respeto de la Constitución en los litigios ante los tribunales ordinarios".
Pero también se abordó uno de los puntos más discutidos, como es la idea de "revisar el sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional, promoviendo un mayor escrutinio de los postulantes, fortaleciendo la transparencia e involucrando a los tres poderes del Estado en los nombramientos de sus miembros”.
Asimismo, el texto agrega el "reducir el número de ministros de 10 a 9 para evitar que asuntos de relevancia sean resueltos por el voto dirimente de su presidente".
El tema también ha llegado a Chile Vamos, por ejemplo, desde RN su timonel Mario Desbordes, se ha mostrado partidario de que se legisle al respecto. Y según consignó La Tercera, indicó que "ojalá se pudiera presentar este año para que tengamos el tiempo suficiente para el diálogo que se hace necesario en las reformas de instituciones de tanta importancia. Son discusiones de largo aliento, no pueden tener urgencias demasiado apretadas".
"La presión no debiese ser la causa para acelerar una tramitación de esta naturaleza", dijo, en tanto, la líder de la UDI Jacqueline van Rysselberghe.
