SANTIAGO.- "No puedo decir que el Tribunal Constitucional está funcionando como todo el mundo quisiera, pero me gustaría que la autocrítica la hagamos todos. Que se preguntaran en el Senado o en la Cámara de Diputados si conscientemente estamos claros de que estamos legislando bien".
Estas fueron las palabras emitidas por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, a El Mercurio el pasado domingo, y que abrieron un debate sobre el origen de la polémica que envolvió a la institución la semana pasada, después del fallo que rechazó el artículo 63 de la reforma educacional, permitiendo a entidades con fines de lucro sostener instituciones educativas.
Aunque el magistrado dice "aceptar las críticas" que han apuntado a una supuesta intencionalidad política y a que el TC estaría actuando como una "tercera cámara", Aróstica hizo un crudo cuestionamiento a la forma en la que los parlamentarios están legislando en el Congreso Nacional.
Un "empate injusto"
"No creo que él tenga que hacer una defensa por los medios, y una defensa tampoco significa una ofensiva. Él se está yendo en contra de la labor legislativa", comenta sobre la situación el director del Programa Electoral de la U. Central, Kenneth Bunker.
"Si en algo aportan estas declaraciones, es en mostrar que hay un problema político donde naturalmente no debiese haberlo", añade el analista. Para explicar su tesis, Bunker menciona que la crítica inicial que parlamentarios hicieron al TC versaba sobre su legitimidad y sobre la eventual influencia política para "rechazar leyes ya promulgadas".
"Los parlamentarios hacen una crítica política y él también, eso es lo que llama la atención, que no sea algo técnico, cuando debiese serlo"
Kenneth Bunker
"Lo que hace Aróstica es un empate político de vuelta, y es un empate injusto. Los parlamentarios hacen una crítica política y él también, eso es lo que llama la atención: que no sea algo técnico, cuando debiese serlo", añade.
Para Fernando Atria, en tanto, "decir que la decisión del TC fue obligada por defectos en la tramitación parlamentaria es confundir las cosas". En conversación con Emol, el abogado también rechaza las declaraciones del presidente del organismo.
"Uno no escucha habitualmente este tipo de comentarios de parte de miembros de la Corte Suprema, y es porque no le corresponde a un magistrado opinar sobre lo que hacen otros poderes de la República. Esa es una regla básica que vale para todos los jueces, porque es improcedente", comenta Atria.
La labor legislativa en la mira
"Toda institución es siempre perfectible en función de las demandas que enfrenta, pero creo que en particular el Congreso ha ido mejorando la manera en que trabaja durante los últimos años", afirma a Emol la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente.
El primer gran cambio fue el que se cristalizó el pasado 19 de noviembre, cuando la ciudadanía eligió 155 diputados y 43 senadores con el nuevo Sistema Electoral Proporcional, que significó el fin del controvertido binominal.
Entre ellos, fue elegido como diputado Raúl Alarcón, conocido por su faceta de cantante como Florcita Motuda. Este domingo, tras algunas semanas de cuestionamientos a sus intervenciones, el parlamentario dijo a La Tercera no sentir la necesidad de "ser un experto en los temas para ser un buen diputado". "Para eso tengo asesores", afirmó.
De la Fuente, en cierta forma, coincide con el legislador. "Evidentemente no tiene por qué saber de todo. Más que la expertise, lo que uno espera es cierta coherencia en el funcionamiento de los parlamentarios y las coaliciones", comenta.
Para el año 2018, el Congreso bajó por primera vez en siete años los gastos en asesorías y personal de apoyo a la labor parlamentaria, reduciendo más de $3 mil millones del presupuesto. Esto significó un ajuste de un 10%.
Sin embargo, para Bunker el presupuesto no es el problema principal. "Para tener política de calidad hay que invertir plata", asegura el doctor en Ciencia Política. "El debate sobre la calidad de la legislación no tiene que ver con el apellido de la persona que está legislando, sino con la estructura que está alrededor", agrega.
El mecanismo que falta
"La discusión sobre cuánto es lo que el Parlamento requiere para operar adecuadamente y tener las asesorías que necesita es una discusión que debe ser asumida sin el populismo de decir que cada peso que se gasta en el Congreso es un peso desperdiciado que pudo ser un consultorio", expresa Atria.
"Es al contrario: cada peso que se gaste, si está bien gastado, es un peso bien invertido. Eso supone la creación de un mecanismo para evitar que se use ese dinero para otros fines, como también hemos visto que ha pasado", afirma, agregando que "la solución no puede ser que el Congreso no tenga dinero para las asesorías que necesite".
"No le corresponde a un magistrado opinar sobre lo que hacen otros poderes de la República. Esa es una regla básica que vale para todos los jueces, porque es improcedente"
Fernando Atria
El abogado hace referencia a la polémica que envolvió al Senado el año pasado, conocida como "Copy-paste", que arrojó que en cinco años el organismo gastó más de $6 mil millones en asesorías externas y que algunas de ellas fueron copiadas de manera textual de documentos existentes.
"Cuando esos recursos empiezan a ser utilizados para pagar favores políticos, por supuesto que hay una crítica que hacer, pero la reacción a eso no puede ser eliminar o reducir los gastos en asesoría", afirma Atria.
"La pregunta tiene que ser anterior: ¿Cuánto es lo que se necesita y cuáles son los mecanismos adecuados para asegurar que esos recursos van a ir a asesorías parlamentarias?", concluye.
