SANTIAGO.- Polémica causaron los dichos del ministro de Justicia, Hernán Larraín, sobre una supuesta inclinación política de izquierda por parte de la mayoría de los jueces del país, por lo que anunció la idea de modificar el mecanismo de designación por uno donde no prime el "amiguismo".
Actualmente, y según estipula el artículo 78 de la Constitución, los ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones son nombrados por el Presidente, a partir de una quina o terna propuesta por el máximo tribunal, respectivamente. En el primero de los casos, se necesita la ratificación del Senado.
En tanto que para jueces de tribunales penales, civiles, laborales y de familia se exige haber egresado de la Academia Judicial, y la designación del Mandatario a partir de una terna presentada por los tribunales de alzada.
Mientras que para los miembros del Tribunal Constitucional (TC), señala el artículo 92, el nombramiento recae en el Presidente, Congreso y Corte Suprema.
Es por estas atribuciones que el ministro vocero de la Suprema, Milton Juica, aseguró que "la zona gris" o "amiguismos" a los que aludía Larraín se encontrarían en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y no sobre el Judicial.
El defensor nacional, Andrés Mahnke, no se refirió a la pertinencia de los cuestionamientos de Larraín, pero sí aseguró que los procesos de selección obedecen a "concursos de oposición", y que el Poder Judicial podría velar por un sistema similar al de la Alta Dirección Pública.
"Aquí lo que hablamos es que los conceptos de servicios de carrera y las trayectorias al interior de una organización estén determinadas por el mérito, en procesos completamente públicos y transparentes", expresó.
Análisis comparado
Otra visión de la polémica entregaron abogados y académicos.
El ex asesor de Justicia en temas de la Reforma Procesal Penal entre 1996 y 2000, Mauricio Duce, señaló que a nivel internacional "ha ido escalando que los jueces sean electos por órganos colegiados que intervienen, personas de distintas instituciones del Ejecutivo, Legislativo, la propia judicatura o colegio de abogados. El tema de la elección jueces no solo pasa por el acto mismo de asignación, sino todos los actos".
En tanto, el ex decano de la U. Diego Portales Juan Enrique Vargas aseguró que existe una extensa variedad de sistemas internacionales y que en algunos "el mismo Poder Judicial se autogenera y en otros la intervención es marcadamente política (...) Por lo general prima una intervención del poder político en la mayoría de los países, asumiendo que los jueces ejercen soberanía pública, y que la soberanía reside en el pueblo".
En países como Bolivia o algunos estados de EE.UU. se opta por la elección popular de magistrados Sin embargo, puntualizó, esto se evita ya que se tiende a "elegir candidatos con una vinculación política mucho más clara, ofreciendo campaña con lo que la gente quiere".
"El punto aquí está en el universo dentro del poder político que se puede escoger. Los cargos de Alta Dirección Pública son de confianza, pero se ha establecido un sistema para que los candidatos sean previamente escogidos. Hay un sistema de elección, evaluaciones psicológicas, gerenciales, hasta que se arme una lista corta", dijo Vargas. Esto, ya se hace en los tribunales ambientales o aduaneros.
Javier Couso, doctor y máster en Jurisprudencia, agregó que por lo general los países europeos continentales tienen un Consejo Nacional de Judicatura, compuesto por distintos actores del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, e incluso universidades, el cual elige a gran parte de los jueces.
"Un peligro es que en muchos se ha politizado el consejo. No en países como Holanda y Alemania, pero sí en Rumanía, Hungría y Polonia", expresó.
En países caribeños, señala, la politización es fuerte dentro de los jueces, pero no así en Chile.
Como propuesta, el académico dijo que habría que optar por un examen público y abierto. A su juicio, el caso más urgente es el del TC, donde se debería aplicar una composición impar y que el nombramiento de tres miembros fuera realizado por el Presidente, pero con acuerdo del Senado y previa rectificación del Colegio de Abogados, para evitar conflicto de intereses.
