SANTIAGO.- "No hacíamos nada porque este tipo de procedimientos (de vulneración de menores) era considerado un 'cacho'", declaró ante el Ministerio Público uno de los diez carabineros formalizados esta mañana por el delito de facilitación de prostitución de menores de edad.
En concreto, la Fiscalía Sur cuestionó el actuar de los uniformados en cinco ocasiones que datan entre julio y agosto del 2016, período en que tres menores de entre 14 y 16 años eran explotadas sexualmente.
De acuerdo a lo expuesto por el persecutor, los policías no adoptaron los protocolos establecidos mientras patrullaban dos sectores de la comuna de La Cisterna, donde concurrían adultos y menores de edad para ofrecer servicios sexuales a conductores que los llevaban a moteles cercanos.
En uno de los hechos, ocurrido el 1 de julio, se grabó a un carabinero cursando una infracción de tránsito a un chofer, mientras que otro hablaba con una menor.
Esta situación habría sido la que se replicó en el resto de las ocasiones: carabineros hablando con las niñas, para luego abandonar el lugar. Algunas de las víctimas declararon que los policías decían que se cuidaran, mientras que en otros casos las invitaban a salir.
Pese que algunos de los formalizados reconocieron estar al tanto de la ocurrencia de prostitución infantil y que no adoptaron el protocolo, que involucra una denuncia ante Tribunales de Familia, entrega de las víctimas a tutores legales y constatación de lesiones, otros señalaron no saber la edad de las niñas, no acordarse de los hechos, o que sus superiores no quisieron hacer lo necesario.
Pese a que la defensa de los formalizados cuestionó el trasfondo de la facilitación de los hechos, la jueza del 11° Juzgado de Garantía, Verónica Vásquez, señaló que "se coincide que aquí hay una omisión clara respecto de los imputados de su deber de actuación que, básicamente, determinó que hubiese prostitución infantil y acceso de terceros a los menores". Por esto, decretó la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercamiento a las víctimas, además de un plazo de investigación de 60 días.
Por esta investigación, iniciada hace dos años, ya se condenó a más de 20 personas por facilitar la prostitución infantil y estupro, entre ellos familiares de las mismas víctimas y trabajadores de moteles.
Pese al número de involucrados, el fiscal Rodrigo Chinchón aclaró que la situación no se configura como una red explotación de menores.
