SANTIAGO.- La Contraloría decidió iniciar un sumario en la subsecretaria de Justicia por las irregularidades detectadas en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias (Ascar) que se efectuó desde esa repartición entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.
Según
las conclusiones del órgano fiscalizador, el plan –que destinó $3.145.657.815 sólo por concepto de honorario- presenta gastos sin respaldo, pago de honorarios por funciones propias de esa repartición y otros a personas que no tenían "competencia o habilidades para ejecutar la función contratada".
"Se hace presente que tampoco se advierte que sus resultados se hayan traducido en una política pública sobre la materia, cuestión que atañe a las funciones que compete desarrollar a esa cartera de Estado", dice una de las conclusiones del informe.
El Plan Ascar partió en el primer gobierno de Sebastián Piñera y se prolongó hasta el año 2016. Tal como su nombre lo dice, debía ser un instrumento para mejorar la calidad de la atención de los menores vulnerables en las residencias del Sename. Sin embargo, gran parte del gasto objetado se destinó al pago de honorarios a personas ajenas al servicio y sin expertise en la materia.
Entre ellos se cuenta el pago a la actriz Ana María Gazmuri por charlas de capacitación que realizó en diversas actividades del Ministerio Justicia, contratada por el entonces ministro José Antonio Gómez.
Cabe destacar que este programa también está siendo indagado por el equipo del fiscal Marcos Emilfork, quien lleva el denominado caso Sename. Por este tema, la fiscalía ha realizado diversos interrogatorios a las personas que trabajaron en el mencionado plan y el delito investigado es posible malversación de caudales públicos.
Cero aporte
Entre sus principales conclusiones, el informe de Contraloría señala que "si bien el programa Ascar contó con la respectiva disposición de fondos y habilitación para contratar personas para la ejecución del mismo, éste no fue sancionado a través de un acto administrativo previo a su ejecución, en el cual se estableciera su justificación, lineamientos estratégicos, objetivos, cobertura, metas e indicadores, que permitieran su posterior control y evaluación".
"Se destinaron recursos del programa en análisis ascendentes a $ 95.147.314, para la implementación de un sistema informático, el que debía permitir intercambiar información con sistemas pertenecientes a otras instituciones relacionadas, característica que no se concretó, siendo en la actualidad un repositorio con información desactualizada"
Informe de Contraloría
Por esta razón, Contraloría estableció que "la institución deberá sancionar a través del respectivo acto administrativo la creación de cada nuevo programa".
El informe de Contraloría también señala que la información entregada por la subsecretaría "no permite determinar que los productos y reportes generados al amparo del mismo, hayan significado un aporte concreto al Sename para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a esa institución".
Contraloría determinó que "se destinaron recursos del programa en análisis ascendentes a $ 95.147.314, para la implementación de un sistema informático, el que debía permitir intercambiar información con sistemas pertenecientes a otras instituciones relacionadas, característica que no se concretó, siendo en la actualidad un repositorio con información desactualizada".
Luego señala que los gastos ejecutados por concepto de honorarios con cargo al programa ascendieron a $3.145.657.815, revisándose una muestra de $1.387.314.623.
De lo anterior se determinó que hubo pagos por $341.403:849 donde sus contratos o labores ejecutadas no decían relación con las funciones del Programa Fiscalización Centros de Menores, por lo cual "el servicio deberá adoptar las medidas tendientes a que las labores asignadas al personal contratado para la ejecución de una iniciativa, guarden directa relación con los objetivos del mismo, y den cumplimiento con ello al fin para el cual fueron asignados los recursos mediante la ley de presupuestos".
También se objetaron pagos por $ 25.801.738, sobre los cuales “no consta la entrega de los productos establecidos en los contratos, por lo que la subsecretaría deberá exigir y mantener los antecedentes de respaldo, que acrediten el trabajo realizado por el personal contratado a honorarios”.
Otros $ 33.227.795 destinados a honorarios “respecto de los cuales no fue acreditada la competencia o habilidades para ejecutar la función contratada, razón por la cual la repartición deberá velar para que las personas contrataciones cuenten con la debida acreditación de las competencias requeridas”.
En total, se estableció un gasto por casi $ 400 millones donde Contraloría detectó irregularidades.
Sumario pendiente
El informe también cuestiona que "la Subsecretaría de Justicia no acogió las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna en el año 2014, en cuanto a instruir una investigación sumaria, a fin de determinar las posibles responsabilidades administrativas por pagos de honorarios con cargo al programa, no relacionados con el mismo".
Por esto, instó a esa repartición a instruir una investigación sumarial, adjuntando en el plazo de 15 días hábiles, a contar de la recepción de este documento, la resolución que inicie dicho proceso y nombre al fiscal respectivo.
