SANTIAGO.- Durante este lunes, el Gobierno expresó su "preocupación" por las denuncias públicas realizadas por varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en torno a allanamientos a las residencias de sus familiares que aún viven en ese país.
Los jueces, han recibido protección como refugiados políticos en distintas naciones, tras abandonar su país bajo presiones de distinto tipo del el gobierno de Nicolás Maduro.
En ese sentido, según detalló a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, una de esas denuncias fue realizada por la magistrada Elenis del Valle Rodríguez, a quien se concedió asilo político en el país en octubre de 2017, tras haber encontrado refugio en la embajada de Chile en Venezuela, junto a otros integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.
"El Gobierno de Chile insta, una vez más, al Gobierno de Venezuela, a que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos", señaló La Moneda durante esta noche.
Los jueces en el exilio denunciaron que los allanamientos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a sus propiedades, son una respuesta "de miedo" por parte del Ejecutivo liderado por Maduro.
Los 33 magistrados que forman parte del TSJ, quienes toman decisiones vía Skype desde diferentes países del continente y que tiene una oficina en Panamá, aprobaron a mediados de abril que se realice un antejuicio de mérito al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, por supuestos delitos de corrupción asociados con el caso Odebretch.
Este procedimiento recibió el visto bueno del Parlamento, de mayoría opositora, que aprobó el retiro la inmunidad al Mandatario el 17 de abril pasado pese a las advertencias del chavismo de que esta acción podría tener consecuencias legales contra los opositores.
