SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera informó hoy el envío de una indicación al Congreso, para poner fin a los plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores. La medida sorprendió al mundo político, ya que había trascendido que el Ejecutivo sólo ampliaría la imprescriptibilidad hasta los 30 años, pero no lo eliminaría.
Y es que el fin de la prescripción para cualquier delito es un tema que genera debate entre expertos penalistas. De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, consultado sobre esto, dijo en marzo pasado que "el sistema jurídico funciona con la prescripción", agregando, eso si, estar abierto a debatir sobre imprescriptibilidad en este tipo de hechos.
Hay que tener en cuenta que sólo los delitos de lesa humanidad no cuentan con prescripción, ya que así lo establecen tratados internacionales suscritos por Chile.
Según señalaron expertos a Emol, hacer que algún otro delito no prescriba suscita ciertos problemas: por ejemplo, rompe con la tradición legal, además de que atentaría contra la certeza jurídica de los casos y complicaría la igualdad ante la ley y de índole probatoria, que podrían enredar las labores investigativas a la hora de intentar establecer una condena.
Tradición legal
Respecto a los dichos de Brito, Juan Carlos Manríquez, abogado penalista y socio fundador del estudio Manríquez, Benavides & Cía, sostiene que "la Suprema también tiene que velar, como dice el Código Civil, por la 'debida inteligencia y aplicación de las leyes’ (esta) ha cumplido una función jurídica política y ético social durante 200 años en Chile, cambiarla y eliminarla de raíz, puede producir otros efectos hasta ahora insospechados".
"No puede hacerse un quiebre con la tradición jurídica nacional tan profundo, porque se alterarían otras reglas, como la seguridad jurídica", agregó Manríquez.
En ese sentido, el penalista explicó que la imprescriptibilidad por este tipo de delitos es una "tendencia que se ha abierto camino, pero que vienen, particularmente, de sistemas jurídicos distintos al nuestro, con otra tradición (...). La nuestra tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas y poner certeza dentro de los principios de seguridad jurídica".
En consecuencia, el jurista ve más viable una iniciativa en donde se amplíen los plazos de prescripción, y no terminar con ésta, ya que lo primero "no rompe del todo con la tradición jurídica de nuestro sistema".
La certeza jurídica podría peligrar
Mientras, el abogado y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado, expresó que "es indudable la necesidad de aumentar los plazos (de prescripción) ante este tipo de crímenes", pero, continuó, "la prescripción como institución jurídica cumple funciones sociales relevantes, y eso también tiene sus implicancias".
Para el profesor de derecho penal de la Universidad del Desarrollo, Alejandro Leiva, la imprescriptibilidad "va a generar problemas probatorios, porque transcurridos 30 ó 40 años, para que se logre probar un delito de esta naturaleza disminuye muchísimo, y eso atenta contra la certeza de los fallos, entonces aumenta la posibilidad de error judicial".
"En el fondo, se atenta contra la seguridad jurídica, que es lo que protege, precisamente, la prescripción. Entonces, cualquier proyecto de imprescriptibilidad tiene que superar esa discusión ¿Vamos a permitir que se genere este nivel de incerteza? ¿O vamos a privilegiar la certeza jurídica?"
Alejandro Leiva, profesor de derecho penal de la UDD
"En el fondo, se atenta contra la seguridad jurídica, que es lo que protege, precisamente, la prescripción (...). Entonces, cualquier proyecto de imprescriptibilidad tiene que superar esa discusión: ¿Vamos a permitir que se genere este nivel de incerteza? ¿O vamos a privilegiar la certeza jurídica?", manifestó.
Por lo tanto, continuó Leiva, "yo me muestro, en principio, contrario a la imprescriptibilidad, por el tema de la certeza jurídica, el aumento del error judicial y mantener en el aire relaciones jurídicas que se debieran acentuar. Eso genera muchos problemas que no sé si en este caso justifican abogar por la imprescriptibilidad".
Sin embargo, el académico de la UDD admitió que sí existen argumentos para decir sí a la imprescriptibilidad por casos de abusos sexuales a menores. "Los problemas que existen por ese ilícito aparecen recién en la adultez. Por eso se dice que una razón poderosa para apoyarlo, es que en estos casos el conflicto jurídico permanece en el tiempo y se aumenta".
Pese a ello, apuntó que en los "delitos sexuales contra menores de 14 años, los plazos de prescripción comienzan a correr recién cuando el menor es mayor de edad (...) lo que es un plazo extremadamente alto, y eso, a mí juicio, no genera problema el día de hoy", considerando que el hecho punible prescribe en un plazo de 10 años.
Igualdad ante la ley y problemas constitucionales
Otro punto que podría pesar a la hora de poner fin a la prescripción en delitos de pedofilia, según Manríquez, es que la Constitución establece "igualdad ante la ley", por lo que otras víctimas de delitos de igual o mayor gravedad "podrían decir que ellas también merecen la imprescriptibilidad".
"(Con la imprescriptibilidad) vas creando subespecies de clases de delitos con un trato privilegiado respecto de otros. Entonces, se pueden producir disfunciones sistemáticas con otro grupo de delitos no sujetos a imprescriptibilidad, entonces vas generando sub grupos, por lo que las otras víctimas podrían decir: '¿Cuál es la razón material de dejarme a mí limitada por la prescripción?'", añadió.
"Ahí se puede producir un problema de igualdad ante la ley", recalcó.
Misma impresión es la que tiene al respecto Leiva. "Pero por qué a mí y no al de al lado, siendo que su delito es igual de grave que el mío".
"La política criminal no puede ir más allá de la Constitución. Si la política criminal fuerza un poco los límites de la Constitución, podría traer problemas constitucionales"
Juan Carlos Manríquez, abogado penalista
"Eso puede acarrear que las partes vayan al Tribunal Constitucional y que éste declare inaplicable la aplicación de esta norma porque atenta contra la igualdad ante la ley", advirtió abogado.
En la misma línea, agregó Manríquez: "la política criminal no puede ir más allá de la Constitución. Si la política criminal fuerza un poco los límites de la Constitución, podría traer problemas constitucionales".
"Eventualmente podría suceder si es que no existe una justificación adecuada en la proporcionalidad de la imprescriptibilidad. Cuando tú creas imprescriptibilidad, tú afectas otros derechos", afirmó.
Por su parte, Leiva enfatizó en que "esa arbitrariedad se tiene que superar en la discusión legislativa, y yo no veo una justificación que supere esos problemas".
