Mario Quilodrán, El Mercurio
SANTIAGO.- Como un tema "al que le daremos la mayor importancia" calificó el ministro de Desarrollo Social y coordinador del plan presidencial para La Araucanía,
Alfredo Moreno, las medidas de apoyo a las víctimas de la violencia rural en el sur del país.
El secretario de Estado, durante su visita a la región en abril, se reunió con organizaciones que representan a los afectados y recibió propuestas para la aplicación de nuevas herramientas de apoyo.
Sobre la factibilidad de incorporar dichas peticiones al conjunto de iniciativas para la zona, respondió que "las medidas concretas son parte de los análisis que estamos teniendo, las cuales, naturalmente, requieren tener el financiamiento correspondiente".
En esa misma dirección, el Gobierno, a través de la Intendencia, la Gobernación de Malleco y la Municipalidad de Ercilla, en conjunto con la agrupación Mujeres por La Araucanía, inició un catastro para individualizar a todos quienes han sido objeto de atentados, usurpaciones y amedrentamientos a partir de diciembre de 1997, fecha en que surgieron los episodios de esta naturaleza.
En la administración de Michelle Bachelet se inició un proceso similar, pero que circunscribía los casos a aquellos ocurridos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017. Estos, de cumplir con ciertos requisitos de contribuyentes de primera categoría, podían postular a proyectos de reparación productiva que financiaban un porcentaje de las pérdidas. Para este fin, la Ley de Presupuesto estableció, por primera vez en 2017, un fondo de $3 mil millones. Para 2018, los recursos llegan a $3.078 millones y siguen teniendo como plazo inicial de referencia enero de 2014.
