SANTIAGO.- Un importante revés sufrió ayer el Gobierno de
Sebastián Piñera, luego de que la Contraloría General de la República calificara como ilegales los cambios al protocolo de objeción de conciencia por la ley de aborto en tres causales, llevados adelante por el ministro de Salud,
Emilio Santelices.
Y es que el órgano contralor zanjó que las instituciones de salud privadas que tengan convenios con el Estado, al igual que los establecimientos públicos, no pueden acogerse a la objeción de conciencia.
Sin embargo, los cuestionamientos de Contraloría no sólo apuntaron a la ilegalidad del documento presentado por la actual administración, sino que también se objetó el procedimiento del primer protocolo formulado por el Gobierno de Michelle Bachelet.
Antes esto, la ex ministra de Salud, Carmen Castillo, se defendió: "Nosotros no tuvimos una observación de Contraloría como ilegalidad a nuestro protocolo, a diferencia de lo que se está presentando con el segundo protocolo de la actual administración", aseguró a ADN Radio.
"En ese contexto, ellos sugieren que (el protocolo) debió haber pasado por Contraloría en un trámite como reglamento. O sea, es un procedimiento, no es una ilegalidad, la que está observando a nuestro protocolo", añadió.
Por lo tanto, continuó Castillo, "eso nos deja tranquilos, por eso insistimos en que la tarea que nosotros efectuamos estuvo bien hecha, pues nos ajustamos a todas las indicaciones de la ley y también a lo que el Tribunal Constitucional indicó respecto a cómo proceder".
"Nuestro protocolo solamente, en lo que compete a las indicaciones que está dando Contraloría, es que el trámite del documento debiera haber pasado por el órgano contralor", enfatizó la ex secretaria de Estado.
Pocos establecimientos privados objetores se verían afectados
Consultada sobre si es que el dictamen de Contraloría podría afectar el sistema de salud, producto de eventuales decisiones que puedan tomar los directorios de clínicas privadas objetoras de conciencia que reciben fondos públicos, Castillo aseguró que "esto no va a producir un caos, como se ha insinuado".
Según la ex titular de Salud, sólo se verán afectados los establecimientos privados objetores de conciencia que obtengan aportes estatales en áreas de Ginecobstetricia. "Ginecología y Obstetricia, no podrán recibir fondos", recalcó.
"No son muchos los establecimientos que tienen esta calidad. En paralelo también tenemos otros tipos de formas de trabajo con establecimientos privados que de alguna manera reciben fondos. Por ejemplo, por urgencia, por camas, o por otras vías", áreas que no se verían afectadas, aseguró.
En consecuencia, concluyó Castillo, "no es que se vaya a generar una reacción de no atención de pacientes como se insinúa incluso en la interpelación (a Santelices), donde (decían) iba a quedar cerca de un millón de personas sin atender".
