El recinto penitenciario de Punta Peuco en Til Til.
Héctor Aravena, El Mercurio
SANTIAGO.- El
Consejo de Defensa del Estado se sumó a la acción presentada por un abogado particular contra cuatro reos de
Punta Peuco que recibían pensiones de invalidez por parte de Capredena. Así, desde 2017 la Fiscalía Centro Norte inició una investigación por presunto fraude al Fisco.
Un extracto del escrito publicado por La Tercera detalla: "Estos pensionados (los querellados de Punta Peuco) no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada, debido a que no tienen, según sus propios dichos (en la ficha de Gendarmería) ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad".
Se trata de Enrique Neira y Rubén Fiedler quienes reciben pensiones de $2.605.979, $ 1.340.000 respectivamente. Junto con Patricio Ferrer (jubilación por $ 2.161.406) y Jaime Torres (retiro por $1.647.687).
Además el CDE se hizo parte en la investigación por el pago de pensiones de invalidez contra Emilio Neira Donoso, ex oficial de Ejército de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, ex oficial de la FACh, y la abogada Patricia Rivera.
En esa misma línea, presentó acciones legales contra los funcionarios que integraron las comisiones de Sanidad de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, "cuyo diagnóstico dio origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación".
