SANTIAGO.- La idea de buscarle una solución concreta surgió en diciembre pasado, pero en realidad era algo que en la Red de Investigadoras —organización que promueve la equidad de género en el contexto académico— habían identificado como un "vacío legal" hacía ya tiempo: la no tipificación del acoso sexual como un delito dentro de las universidades.
"En ese vacío se encuentran las estudiantes que sufren este acoso sexual en contextos educativos, porque son mayores de edad y no tienen un contrato", explica a Emol la presidenta de la red, Adriana Bastías.
Y es que el reconocimiento del delito sí existe cuando se comete contra niñas que estudian en el colegio, porque son menores de edad, y en el contexto laboral, cuando existe la formalización de un contrato de trabajo.
Pero para las alumnas de pregrado y posgrado no existe una protección legal. Por eso es que, junto a un equipo de abogados de la Universidad de la Frontera, comenzaron a construir un proyecto de ley que sancione el acoso sexual en contextos educativos.
Prevención, educación y sanción
Tras meses de diálogo, el proyecto fue presentado en la Comisión de Educación el pasado miércoles por la senadora Ximena Órdenes (independiente). La iniciativa, además, fue firmada por un grupo transversal de parlamentarias: Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC) y Ena Von Baer (UDI), además de contar con el apoyo del presidente del Senado, Carlos Montes (PS).
El proyecto ingresó en medio de una semana marcada por la influencia del movimiento feminista, que realizó una multitudinaria marcha para terminar con la violencia de género en la academia. "Sin duda esa sensibilidad ayudó a que pudiésemos presentarlo", señala Bastías.
"Es un paso necesario para comenzar a hablar de una política de género dentro de las instituciones de educación superioe"
Adriana Bastías
El proyecto, de 12 páginas, fue concebido como "una ley más corta, que pudiera ser aprobada transversalmente y con rapidez" y que no implicara a leyes más complejas de modificar, como la de educación superior.
El proyecto plantea un enfoque educativo, medidas de prevención y sanciones a los hechos. Se pide, también, una unidad encargada específicamente del acoso sexual. "También se plantea que las instituciones que no cuenten con un modelo de prevención, no puedan acreditarse", relata la doctora en Ciencias.
"Creemos que efectivamente es necesaria la educación de los docentes con cursos específicos y obligatorios, y que esté dentro de los requisitos de acreditación la prevención del acoso sexual", añade.
Para la organización, se trata de "un punto de partida". "Es un paso necesario para comenzar a hablar de una política de género dentro de las instituciones de educación superior, y también para hacer un cambio de paradigma en toda la sociedad chilena", concluye.
