SANTIAGO.- Han sido días movidos para la Contraloría General de la República (CGR), luego de que la oposición decidiera recurrir a ella en numerosas ocasiones para objetar decisiones adoptadas por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
La solicitud de ilegalidad del reglamento de objeción de conciencia de la ley de aborto y la nominación de Pablo Piñera como embajador en Argentina, la cual no alcanzó a revisar, son algunos de los casos que ha tenido que abordar la entidad fiscalizadora.
La ofensiva ha sido cuestionada por el oficialismo, quienes hicieron un llamado al bloque compuesto por la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio a ejercer una oposición constructiva y no "vivir en la Contraloría".
Sin embargo, el reclamo de Chile Vamos no es algo nuevo: Desde el retorno de la democracia en 1990, el control que ha ejercido el organismo siempre ha generado roces con quienes detentan el poder del Ejecutivo.
Ello, pese a que la institución no siempre ha contado con todas las herramientas para hacer bien su trabajo. De hecho, recién en 2007 se comenzó a modernizar la institución, lo cual redundó en una mejor fiscalización de la gestión gubernamental.
Gasto público y primeros casos de corrupción
Durante el gobierno de Patricio Aylwin hubo varias situaciones complejas que tuvo que abordar el contralor de esa época Osvaldo Iturriaga Ruiz, quien había asumido el cargo en 1978 y lo dejó en 1997, durante el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Una de ellas, por ejemplo, fueron los cuestionamientos liderados por el ex senador de RN, Sebastián Piñera, hacia la legalidad de la fórmula con la cual el Gobierno aumentó el gasto público, el cual a su juicio se estaba haciendo fuera de la Ley de Presupuestos.
En junio de 1991, la Contraloría se tuvo que pronunciar sobre el caso Pinocheques, señalando que no hubo irregularidades administrativas en los documentos girados desde el Ejército al hijo del Comandante en Jefe de la institución, Augusto Pinochet.
Ante ese dictamen, el PS y el PPD anunciaron una acusación constitucional en contra del contralor, por su informe "incompleto y decepcionante''. Incluso alegaron que era "hombre de confianza"del general. Sin embargo, la acción finalmente no tuvo éxito.
Aylwin cerró su periodo con cuatro casos que fueron objeto de revisión de la Contraloría: Las irregularidades en la ONEMI, la Refinería de Petróleos de Con-Con y la Digeder y un caso que remeció al país: Las millonarias pérdidas de Codelco con el "Davilazo".
Intervencionismo y sobresueldos
Eduardo Frei Ruiz-Tagle asumió prometiendo poner atajo a la incipiente corrupción, pero en 1995 el ex ministro de Salud, Carlos Massad, se vio envuelto en una polémica por el traspaso de mil 98 millones de pesos para aumentos de sueldo en la Fenats detectado por el organismo.
En tanto, en junio de 1996 estalló el caso Esval, el cual puso en un duro trance al contralor Iturriaga, luego de que declarara que el colector construido en la Región de Valparaíso no era una obra pública, quedando una serie de irregularidades fuera del control estatal.
2007 Fue el año en que se inició la modernización de la CGR
En tanto, en junio de 1997, la Contraloría detectó irregularidades en algunos contratos de la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)sobre adquisición de alimentos, los cuales significaron millonarias pérdidas para el fisco.
El periodo de Frei culminó bajo una serie de denuncias sobre intervencionismo electoral ante el organismo, en medio de la estrecha batalla electoral que tuvo el entonces candidato presidencial Ricardo Lagos Escobar contra Joaquín Lavín (UDI) en 1999.
Sin embargo, el ciclo más duro en años para la Contraloría fue precisamente el de Lagos. De hecho, al inicio de su gobierno en abril de 200, diputados de oposición confirmaron que el organismo detectó 76 casos de indemnizaciones ilegales generadas en la época de Frei.
Ese mismo año, además, hubo elecciones municipales, en las cuales se intensificaron los reclamos de intervencionismo. Ante el instructivo de Contraloría, Lagos justificó el apoyo de ministros en la campaña fuera de sus horarios diciendo que "son ciudadanos de este país".
En noviembre de 2002, Lagos cuestionó la labor de la Contraloría liderada en ese entonces por Gustavo Sciolla, luego de que esta objetara los gastos por 600 millones de pesos efectuados por el Ministerio de Salud para publicitar el plan AUGE.
Sin embargo, ese problema fue pequeño en comparación con lo que vino después: La serie de gastos objetados por la Contraloría en el denominado caso MOP-GATE y el caso Inverlink, entre otros, pusieron de rodillas al Gobierno y a toda la institucionalidad.
Chiledeportes y caso Kodama
En octubre de 2006, en el primer periodo de Michelle Bachelet, la Contraloría informó sobre una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte, dando inicio al caso de irregularidades en Chiledeportes.
Otra situación en la que el ente estuvo en medio de la polémica fue cuando tomó razón del decreto supremo que incorporó las nuevas normas de fertilidad del Gobierno en 2007. El documento, aceptaba la entrega de la píldora del día después a partir de los 14 años.
En marzo de 2008, la Contraloría objetó una serie de traspasos desde el Ministerio de Educación hacia la Seremi de esa cartera en la RM. Bachelet se enfrentó ante el nuevo contralor, Ramiro Mendoza, exigiendo rapidez en los informes sobre esas irregularidades.
La polémica terminó con la titular de la cartera, Yasna Provoste, fuera del Gobierno. En 2009, al finalizar su periodo, la jefa de Estado se enfrascó en una nueva disputa con Mendoza, quien emitió un dictamen que estableció que los ministros son funcionarios públicos y no podían intervenir en la presidencial de 2009.
En 2010 llegó el turno de Sebastián Piñera, quien partió su primer periodo con disputas ante la Contraloría. Primero por el dictamen sobre el conflicto de intereses del Mandatario al hacer nombramientos en Televisión Nacional siendo al mismo tiempo dueño de CHV.
Luego el ente fiscalizador obligó al subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle a vender sus acciones en Colo-Colo, debido a que según el organismo no podía tomar decisiones sobre el fútbol manteniendo el 25% de las acciones del club.
En abril de 2011, en medio de las indagaciones de la Contraloría por las irregularidades que se habrían producido en la negociación con la Constructora Kodama, la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, renunció a su cargo para evitar problemas al Gobierno.
En octubre de 2012 reaparecieron las críticas por intervencionismo electoral, esta vez desde la Concertación. La participación del titular de OO.PP. y luego candidato presidencial, Laurence Golborne, en la campaña municipal generó molestias en La Moneda.
Finalmente, en el último periodo de Bachelet en La Moneda, la Contraloría pasó ocho meses sin tener una cabeza visible. De hecho, entre medio perdió a su candidato, el abogado Enrique Rajevic y terminó asumiendo el actual contralor, Jorge Bermudez.
Una de sus primeras acciones al mando de la entidad fue detectar las elevadas pensiones en Gendarmería. Un dictamen de Bermúdez declaró ilegal la entrega de esos montos, lo cual redundó en una grave crisis para el oficialismo.
