SANTIAGO.- Un episodio hasta ahora desconocido es lo que denunció una ex relatora del Tribunal Constitucional (TC), Paola Molina, sobre lo vivido por ella al interior del organismo entre 2012 y 2015.
Se trata de una tutela laboral, nombre que se da a la denuncia de un funcionario en contra de su empleador, cuando considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
Según la demanda ingresada al
Primer Juzgado Laboral de Santiago el 31 de diciembre de 2015, y dada a conocer esta mañana por
Radio Universo, la ex relatora acusa haber sido víctima de acoso laboral en diversos momentos y en distintas situaciones mientras ejercía su cargo.
"Ha habido una vulneración flagrante de mis derechos fundamentales a la integridad física y síquica, a la no discriminación arbitraria, afectándose mi dignidad como persona y profesional", dice el texto.
Los hechos descritos apuntan al entonces presidente del TC, Carlos Carmona, y a otros funcionarios. Además, se describe un mal ambiente laboral y sobrecarga de trabajo.
La causa se tramitó durante un año y se cerró luego de que el TC –que fue representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- pagara alrededor de $14 millones a la denunciante, y ésta firmara un desistimiento y una cláusula de confidencialidad.
El caso se suma a la denuncia por acoso sexual y laboral contra Carmona de parte de una ayudante, que gatilló la toma en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Denuncia por la cual el ex presidente del TC fue sancionado con tres meses de suspensión por dos hechos calificados como falta a la probidad.
El caso también generó un movimiento feminista en gran parte de las universidades del país.
La cláusula
"Quiero que mi historia se conozca por la injusticia que viví. Es David contra Goliat. He pagado un precio muy alto por todo esto y en silencio, pues desde esa fecha que no he logrado quedar en ningún cargo a los que he postulado, pese a tener muchas veces la calificación más alta de las ternas", dice hoy Paola Molina.
La ex relatora, con 20 años de carrera, asegura que fue víctima del hostigamiento laboral que se conoce como mobbing, y que además, fue discriminada como mujer por el costo que tuvieron sus intentos de ser madre, que le acarrearon licencias.
Contactado por el Emol, el abogado del CDE que llevó la causa, Leonardo Corrales, asegura que "efectivamente hubo una tutela laboral de una ex relatora del TC cuyo término fue mediante una transacción". Sobre los hechos denunciados y la claúsula de confidencialidad, Corrales se negó a comentar el asunto.
Desde el TC admiten que la demanda fue una situación inédita, que no hay registro de algo similar, pero no entregaron una versión oficial sobre el punto.
Altas fuentes del organismo dicen que Carmona y el secretario tramitaron todo lo relacionado a la demanda, y que ninguno de los dos se inhabilitó frente al caso, pese a estar mencionados en el escrito. Una situación que confirman desde el CDE.
En relación a Carmona, el actual
presidente del TC, Iván Aróstica, ha dicho que cuando termine la investigación de la Universidad de Chile analizará la situación. Según trascendió, la mayor incomodidad es que los hechos denunciados por la ayudante del ex presidente ocurrieron al interior del TC.
"Espero que no le pase a nadie más, espero que el Estado asuma que debe haber protocolos para evitar situaciones de abuso, sea sexual o laboral, y que se debe proteger a las víctimas", señala Molina.
La denuncia
El texto de la denuncia causó gran impacto e incomodidad al interior del TC, por el daño a la imagen del tribunal que ésta podía generar. De allí que su tramitación haya sido un tema de preocupación para sus miembros.
En el escrito, la ex relatora asegura que al interior del TC se le llamaba la atención con groserías, que había mucha presión a los funcionarios y algunos problemas de comportamiento.
Su relato detalla lo ocurrido tras sus licencias médicas, la primera por depresión el 2012, producto del hostigamiento que dice haber sufrido. "De hecho en las mañanas, cuando iba acercándome al TC comenzaba a llorar, manifestando un gran desánimo y pesar, debido al clima laboral", dice el escrito que consta en el Primer Juzgado Laboral de Santiago
(ver documento).
Respecto de Carmona, Molina escribe que tras reintegrarse al trabajo luego de sufrir la pérdida de un embarazo de pocas semanas, en septiembre de 2014, se presentó ante "el recientemente asumido nuevo presidente del Tribunal, señor Carlos Carmona, quien al intentar explicarle el motivo de mi licencia no quiso escucharme". Agrega el texto que al día siguiente de volver, se le asignaron dos causas, una de ellas la del Tsunami, "de evidente complejidad".
La relatora detalla múltiples situaciones en la demanda para demostrar que el clima hacia ella era malo y cita diversos ejemplos, entre ellos varios que involucran a Carmona. Cuenta que su estrés la llevó a consultar una siquiatra que le dio una licencia por 15 días en septiembre de 2015. La situación en el TC se complicó y ella misma fue acusada de malos tratos. En octubre de ese año, le diagnosticaron depresión.
El escrito agrega que la ex relatora habló con el entonces ministro Aróstica. "Le señalé lo mal que lo estaba pasando y lo desagradable que era trabajar en un ambiente así de hostil", señala el líbelo.
Luego vino una seguidilla de situaciones y decidió escribirle al propio Carmona: "Le escribí una carta al Presidente exponiéndole los motivos de mis licencias, acompañando los antecedentes de respaldo, con la intención de que atendiera la situación que estaba viviendo, no recibiendo ningún comentario ni respuesta".
Renuncia
La denuncia asegura que como la situación ya era insostenible, acordó su salida con el propio Carmona y otros funcionarios, pero luego se arrepintió.
"Me señalaron en tono amenazante que (…) me daban hasta el lunes para pensarlo", dice el escrito sobre los hechos ocurrido a fines de 2015. Allí, Molina sostiene que le propusieron firmar una especie de finiquito que ella rechazó, enterándose después que –de todas formas- su renuncia había sido aceptada por el Pleno.
"El TC ha lesionado mis derechos fundamentales a la vida e integridad física y psíquica", concluye la demanda de 60 páginas donde la ex relatora pidió que el TC le pidiera disculpas públicas, una carta de recomendación para postular a cargos en el Poder Judicial y $ 200 millones como reparación.
CDE responde
Por norma, el CDE asume las demandas contra el Fisco, por lo que el organismo asumió el caso y contestó la demanda negando los hechos. "Todas las imputaciones contenidas en la demanda son infundadas y disociadas de la realidad. La señora Molina no fue hostigada ni vulnerada en sus derechos de forma alguna", dice el escrito.
La contestación descartó la excesiva carga laboral que acusaba Molina señalando que tuvo menos causas que el resto de los relatores. Además, el consejo señaló que de los 1009 días hábiles que trabajó en el TC, Molina tuvo licencias que sumaron 169 días de reposo. "Las licencias médicas solicitadas por la demandante en nada se relacionan con circunstancias laborales, si no con problemas de salud preexistentes", dice la contestación.
Sobre los malos tratos que denunció la entonces relatora, el CDE dijo que "no cabe calificar como actos de acoso las observaciones que una jefatura pueda hacer en el contexto de una relación laboral o estatutaria, cuando el funcionario comete faltas en la calidad de su trabajo".
"Siempre se le otorgaron facilidades para conciliar situaciones personales con el trabajo, otorgándole feriados legales en meses de función ordinaria del tribunal e incluso permiso sin goce de remuneraciones", indica la contestación.
Agrega que la abogada fue objeto de denuncias y que tenía un comportamiento poco respetuoso con sus compañeros de trabajo.
La causa terminó el 17 de enero de 2017, cuando Molina se desistió de la demanda. Días antes, en una notaría, se firmó el acuerdo con el CDE donde éste accedía al pago de los 14 millones y Molina a desistirse. Todo bajo una claúsula de confidencialidad indefinida que impide conocer los hechos que rodearon y motivaron la transacción.
