SANTIAGO.- En tan solo siete días,
tres casos de presuntos abusos sexuales realizados por sacerdotes en contra menores de edad fueron descubiertos, impactando en la credibilidad e imagen de la Iglesia Católica en Chile. Todos, denunciados en distintas partes del país.
El 18 de mayo, un reportaje de Canal 13 planteó la existencia de una "cofradía" llamada "La Familia" al interior de la Diócesis de Rancagua, cuyos miembros habrían, presuntamente, incurrido en abusos sexuales. La información, ocasionó que 14 sacerdotes fueran suspendidos y que el obispo Alejandro Goic renunciara al Consejo de Prevención de Abusos de Menores.
Una semana después, se supo que el ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo (56 años) se autodenunció a comienzos de enero ante la oficina Pastoral de Denuncias por el mismo delito.
Y el mismo día, 24 de mayo, el párroco de Villa Prat, el sacerdote Sergio Díaz Cubillos, denunció a obispos chilenos y al nuncio apostólico, Ivo Scapolo, de encubrir a religiosos en Linares.
En tanto, uno de los casos que ha tomando importante relevancia este año es el que involucra a miembros de la congregación de Hermanos Maristas. De hecho, a comienzos de abril, ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla anunciaron una querella en contra de Abel Pérez y Adolfo Fuentes por sus supuestas responsabilidades en los abusos.
En la mira de la Fiscalía
Y es que lo que pareciera ser el inicio del destape de casos mantenidos ocultos por años se mantiene en la mira del Ministerio Público.
En el caso de los Maristas, las acciones judiciales remontan a 2017, cuando la congregación denunció a Pérez por presuntos abusos, mientras que el 15 de enero de este año un grupo indeterminado de víctimas presentó una denuncia por eventual asociación ilícita.
La "cofradía" de Rancagua está siendo indagada por el fiscal Sergio Pérez; y las denuncias en Linares están a cargo del persecutor de Talca, Gonzalo Pino. Además, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, abrió de oficio una investigación contra el ex canciller del Arzobispado de Santiago.
Ante el escenario, semana pasada, el fiscal nacional Jorge Abbott afirmó que se están catastrando los casos y que existe la posibilidad de unificar las causas bajo el alero de un solo persecutor regional.
Sin embargo, esta no sería la mejor opción según señalan algunos abogados consultados por Emol.
Para el ex fiscal, Vinko Fodich, la unificación no traería "ningún beneficio", ya que los hechos "no obedecen a un patrón común". En el caso del fraude de Carabineros, explicó, se detecta un "mismo modus operandi y además está en el mismo tribunal. Hay una buena economía en que no haya cien fiscales detrás de los más de cien imputados. Lo mismo con el caso Penta, que tiene distintos imputados, pero todo confluye en una oficina en Santiago", agregó.
Sin embargo, señaló, con los abusos "nos vamos a encontrar con causas que no tienen conexión y relación entre ellas más que sea un religioso".
En tanto, el abogado penalista de la U. de Chile y denunciante en el caso Maristas, Ramón Sepúlveda, se refirió a dos posibles escenarios.
"En este tipo de situaciones hay que ir caso a caso, porque cada uno tiene su particularidad. Yo creo que agruparlo puede ser perjudicial, porque puede terminar condenando a todos sin tener todos los antecedentes para cada caso".
Pero, continuó, "si la agrupación es en un fiscal especializado, atendiendo a cada particularidad, puede ser favorable porque se tendría un equipo especializado que podrá darle tratamiento adecuado con protocolos a las víctimas". Y precisó: "Puede dirigir un fiscal regional, pero debe haber uno a cargo en cada zona como en el caso Corpesca. Si esto se quiere tratar como una sola gran causa ahí hay un error".
Otra opinión tiene el abogado penalista Mauricio Daza, quien considera que la unificación sería una "buena idea, en el sentido que no solo se tienen que investigar autoridades con participación directa, sino que también otros grados de participación en los mismos como encubrimiento".
Daza también explicó que mientras "se garantice que las investigaciones se van a hacer de la manera adecuada, con un fiscal competente en el ámbito, con experiencia de llevar estas causas con éxito, ya que es un delito con dificultades en el ámbito probatorio", la persecución penal no se verá afectada aún cuando sean denuncias de distintas partes del país.
El caso de Ivo Scapolo
Otra de las aristas penales que se vislumbran son aquellos acusados de encubrir los abusos. El caso del nuncio apostólico, Ivo Scapolo, podría suponer una traba adicional para la Fiscalía, ya que goza de inmunidad diplomática al ser el embajador del Vaticano en Chile.
Lo anterior, luego que el párroco de Villa Prat señalara que en 2014 acudió junto a cuatro presuntas víctimas a una reunión con Scapolo, pero que este no los recibió. Estas acusaciones, fueron negadas por el nuncio.
