El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.
Agencia Uno.
SANTIAGO.- El voto a favor
del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, fue uno de los dos que tuvo el fallo que autorizó
el cambio de nombre y sexo registral de una mujer transgénero, sin requerir alguna intervención quirúrgica para aquello.
El dictamen, inédito en esta materia y que revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, no dejó indiferente a miembros del Gobierno. Esta mañana, el ministro de Justicia, Hernán Larraín aseguró durante la Cuenta Pública de su cartera que con esto se "demuestra la urgente necesidad de legislar este cambio" y que "nadie" debería sentirse "violentado" por el proceso.
Y es que pese a que la legislación nacional no regula esta modificación, l
os supremos se basaron, según reza el documento,
en los principios internacionales en materia de derechos humanos para tomar y fundamentar su decisión.
Ante esto, Brito señaló en la misma instancia que la sentencia "se enfrenta de manera integral con una solución jurídica que aplica un conjunto de normas. Eso es sencillamente una decisión jurisdiccional atenta a la realidad del país. Hay circunstancias que tienen que ser reconocidas y eso es lo que se hizo".
Fue ante las pregunta si es que el Poder Judicial estaba siendo un pionero en la resolución de temas ligados a la identidad de género, los cuales aún están siendo discutidos por el Legislativo, que Brito fue claro al decir que: "Los jueces no hacemos políticas públicas. En nuestras resoluciones dictamos, solucionamos el caso y eso es lo que ha ocurrido".
Sin embargo, precisó que: "Cómo lo tome el Parlamento es una cuestión distinta, pero, seguramente el adelanto en esta materia, seguramente va a producir un efecto positivo".
Además, Brito agregó que "lo funcional, lo fundamental para la jurisdicción es atender el planteamiento que hace la persona, y seguramente eso irradia sus efectos en el pensamiento y eso es muy importante".
Y concluyó que: "Los jueces cumplen la función de cautelar y proteger los derechos de las personas, de manera que no es extraño que donde haya un conflicto relativo a la protección de derechos se tenga que pensar en un tribunal".
