Alberto Cienfuegos, ex general director de Carabineros.
La Segunda
SANTIAGO.- "Resguardar la integridad de los habitantes de la comuna". Ese fue uno de los argumentos esgrimidos el domingo por el alcalde de Cerro Navia,
Mauro Tamayo, para impulsar su denominada y cuestionada policía municipal.
Iniciativa que considera a un grupo con "personal calificado" en materia de seguridad, integrado por Carabineros (r) y ex funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes patrullarían por la zona portando armas de fuego.
Este último punto ha sido el que más a suscitado críticas, incluso desde el Gobierno. "Si cada municipio tiene su propia policía armada y hay un sheriff en cada comuna que hace lo que quiere, vamos a llegar a un modelo que no es el mejor para proteger la seguridad, la tranquilidad y la paz", sostuvo ayer el Presidente Sebastián Piñera.
A los dichos del Ejecutivo, se unió hoy, a través de una carta a
El Mercurio, el ex general director de Carabineros
Alberto Cienfuegos, quien comenzó señalando que "una vez más -luego del intento de la municipalidad de Calera de Tango el año pasado-, un alcalde ha formado una policía municipal,
que a todas luces, además de ser una decisión riesgosa, es un acto inconstitucional".
Lo anterior, ya que, según la Constitución, "las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por Carabineros e investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para eficacia al derecho y garantizar el orden público interior", comentó.
"Riesgosa, porque la función policial y el usa de la fuerza pública, de que todo Estado dispone, son actividades muy delicadas que requieren órganos policiales profesionales y sujetos a normas legales muy exigentes; entre otras, aquellas que tienen que ver con el respeto a los derechos constitucionales de las personas, como corresponde a un estado de derecho democrático", añadió.
Seguido de eso, el ex líder de Carabineros explicó que "las policías municipales fueron disueltas el año 1927; entre otras razones, porque se habían convertido en guardias al servicio de los alcaldes, en sus intereses políticos y electorales".
"Por otra parte, es necesario precisar que la mencionada Constitución establece que 'ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas y otros elementos similares'", concluyó Cienfuegos.
