SANTIAGO.- "Tenemos debilidades en nuestra legislación, y no podemos hoy día asignarles ni a los jueces, ni a los fiscales, las consecuencias de una ley de responsabilidad penal adolescente absolutamente desactualizada y superada por los hechos".
De esa forma, el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, dio cuenta a Radio Agricultura de la preocupación del Gobierno en torno a los delitos cometidos por menores de edad que han afectado al país, y que, a su juicio, son facilitados por una legislación que no es lo suficientemente rigurosa contra los adolescentes que deciden delinquir.
Dichos que surgen a raíz del crimen contra Óscar Galindo (29), carabinero que fue asesinado ayer en La Pintana tras recibir dos impactos de bala en la cabeza y uno en la muñeca.
Quien abrió fuego habría sido un menor de 17 años de edad, joven que anoche se entregó en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), donde confesó su participación, afirmando estar arrepentido, ya que habría confundido a Galindo con un supuesto sicario.
El muchacho pasará esta tarde a su respectivo control de detención, y pese a estar próximo a cumplir los 18 años, debiese ser juzgado bajo la ley penal adolescente.
Caso que puede homologarse al de Ariel Mena Suazo (18), quien hace algunas semanas decidió perpetrar un robo en una vivienda ubicada en la comuna de La Reina. El joven apodado "chico mono", al encontrarse con los ocupantes de la casa, los agredió con un arma blanca, dando muerte a una mujer de 63 años identificada como Carmen Gómez, además de dejar con heridas de gravedad a su esposo e hijo.
Pese a que Mena será juzgado como adulto por dicho crimen, ya que ya había cumplido la mayoría de edad al momento del hecho, su carrera delictual comenzó a los 13 años, período en el cual ha registrado más de 20 arrestos. Las condenas que se le dictaron en ese tiempo y los programas de rehabilitación a los que fue sometido bajo el amparo de la ley penal adolescente, no lograron que el "chico mono" cesara en sus ilícitos.
La ley
Hace una década, si un menor cometía un delito, solo era responsable penalmente después de evaluarse su discernimiento. Norma que regía solo para adolescentes de entre 16 y 18 años. En ese caso, si el juez determinaba que el joven tenía consciencia sobre lo que había hecho, era tratado penalmente como un adulto.
Escenario que cambió en junio de 2007, cuando se puso en marcha una reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente que rige hoy. La nueva norma hizo imputables a todos los menores de entre 14 y 18 años. Determinar el discernimiento fue una herramienta que dejó de operar.
Se empezó a juzgar a los adolescentes como personas en desarrollo, por lo que se les separó, a todos, de la población penal adulta y la reinserción social del joven imputado comenzó a estar en manos del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Ahora, desde el Gobierno de Sebastián Piñera, acusan una ley que no ha dado los resultados que se esperaban al momento de su implementación, por lo que plantean algunas modificaciones para que la norma actúa con mayor eficacia.
¿Modificar la ley?
Ante esto, Ubilla puso sobre la mesa dos críticas, a su juicio, fundamentales hacia la ley de responsabilidad penal adolescente: No toma en cuenta la reincidencia como agravante, sumado a la facultad que tiene el juez de restarle un grado a la pena dictada hacia un menor.
"Actualmente, si hay un crimen, y ese juez identifica al responsable y lo condena, la pena puede ser disminuida automáticamente un grado por el juez (...). Tenemos, por ejemplo, el caso de ayer. La pena máxima que se le puede otorgar a un adolescente son 10 años. Automáticamente, con esa disposición, el juez puede bajarle un grado, es decir, de 10 años pasa a cinco años", explicó el subsecretario del Interior.
"Actualmente, si hay un crimen, y ese juez identifica al responsable y lo condena, la pena puede ser disminuida automáticamente un grado por el juez (...). Tenemos, por ejemplo, el caso de ayer. La pena máxima que se le puede otorgar a un adolescente son 10 años. Automáticamente, con esa disposición, el juez puede bajarle un grado, es decir, de 10 años pasa a cinco años"
Rodrigo Ubilla
Seguido de ello, continúo el secretario de Estado, "si una persona está cumpliendo una pena de cinco años, a los dos años o dos años y medio puede perfectamente salir en libertad. Es decir, tenemos un crimen atroz cometido por una persona que a los dos años puede estar en la calle, aunque sea confeso y aunque esté condenado".
"Eso es lo que quiere el Presidente (Sebastián Piñera) cuando dice 'vamos a modificar la ley de responsabilidad penal': vamos a eliminar esta baja de un grado y vamos a considerar la reincidencia como un agravante en el caso de los adolescentes", concluyó Ubilla.
La idea del Ejecutivo es mirada con distancia desde la Defensoría de la Niñez. Para la abogada Patricia Muñoz, quien encabeza el organismo, "discutir modificaciones legales sobre la base de delitos específicos siempre es una mala estrategia, porque implica desatender múltiples factores que están detrás de las necesidades de modificar leyes".
Críticas al Gobierno y problemas del sistema
Muñoz aclaró que lo que más le genera preocupación con las modificaciones planteadas por Ubilla es que éstas "involucran dejar de considerar una justicia distinta de los adultos para los adolescentes. Lo que se hace es desatender las especificidades que tiene que tener la justicia juvenil a la luz del cumplimiento de normativas internacionales de derechos humanos".
"El tema de subir las penas y endurecerlas no resuelve nada. Lo que acá tiene que suceder es que el Estado se haga cargo de que la ley tenga un sistema que le permita ser aplicada eficazmente. Además, hacerse cargo de prevenir que los adolescentes se vinculen con la justicia juvenil. Nada de eso se resuelve con subir las penas", agregó la defensora de la niñez.
"El tema de subir las penas y endurecerlas no resuelve nada. Lo que acá tiene que suceder es que el Estado se haga cargo de que la ley tenga un sistema que le permita ser aplicada eficazmente. Además, hacerse cargo de prevenir que los adolescentes se vinculen con la justicia juvenil. Nada de eso se resuelve con subir las penas"
Patricia Muñoz
Y es que para Muñoz, la ley abarca más de lo que el sistema puede otorgar, acusando que existe una "incapacidad orgánica que permita dar aplicación a la ley".
"Toda ley es perfectible", admitió Muñoz, pero enfatizó en que "las modificaciones tienen que pasar por dar la suficiente capacidad a todos los organismos que deben hacer efectivas las sanciones, para que éstas cumplan la finalidad de la reinserción del adolescente y la revinculación a la sociedad".
"El Estado toma una decisión de generar una ley de responsabilidad penal adolescente, pero no da ningún contexto que permita aplicar la ley debidamente", sentenció la abogada.
En tanto, el abogado e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Fernando Contreras, no discrepó ni con la postura de Muñoz, ni con la del Gobierno, más bien juntó ambas opiniones apuntando a la necesidad de "una agenda corta y una agenda larga".
"La agenda corta consiste en actualizar una ley vigente que en los hechos está siendo superada. Como es el caso de los altos índices de reincidencia. Parece claro (además) que los mecanismos que contempla la ley para reinsertar en la sociedad a los adolescentes que delinquen no están siendo efectivos", manifestó.
Pero aquí no acaba el problema, advirtió Contreras. "Tenemos que pensar también en una agenda larga, que se haga cargo de las razones de por qué el contexto de ese joven lo lleva a delinquir".
"A veces caemos en la tentación de exigirle todo al derecho penal, que es la ley de última instancia y por definición siempre llega tarde. Por eso tenemos que pensar en cómo anticipamos a este tipo de situaciones. Eso exige mirar el sistema en general", aseguró el abogado.
